Con datos de 2018, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que durante ese año ingresaron 4 mil 124 personas a los 19 Centros Penitenciarios Federales y 5 mil 147 personas egresaron. Al cierre del año, se encontraban privadas de la libertad 17 mil 916, de las cuales 94.8% fueron hombres y 5.2% mujeres (10 con hijos menores de 6 años).

El objetivo de esta investigación, dice el Instituto, es “generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Sistema Penitenciario Federal (centros penitenciarios federales), específicamente en las funciones de gobierno y sistema penitenciario, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de interés nacional”.

La información revela que de los 43 mil 766 delitos cometidos por las personas privadas de la libertad, el tipo más frecuente correspondió a delitos en materia de armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos con 29.2%, seguido de delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos, con 17.2%, y delincuencia organizada con 13.8%.

Es decir, acoto, hechos violentos que una política de confrontación directa no pudo combatir eficazmente, pero ante los cuales la nueva forma de atacarlos y el lema de “abrazos no balazos” tampoco parece dar resultados, puesto que México en 2019 padece el año más violento de su historia.

Otro dato que se debe tomar en cuenta, en un país con población mayoritariamente joven, pero con muy escasas oportunidades de hallar empleo remunerado y digno en actividades productivas y legales –agravado todo por una economía en recesión- es que el rango de edad con mayor proporción fue de 30 a 39 años con 44.5%, y la población entre 18 y 29 años representó 21.5%. Además, 46.9% contaba con estudios de secundaria, y 24.3% de preescolar o primaria, ni más ni menos la realidad de la población joven del país.

En cuanto al estatus jurídico, 43.6%, no contaba con sentencia, dice el Inegi. Respecto de las características de la población privada de la libertad, se reportó que 276 no sabían leer ni escribir, 113 no hablaban español, 341 hablaban alguna lengua indígena, y 259 pertenecían a algún pueblo indígena.

De la población privada de la libertad, 94.8% fueron hombres y 5.2% mujeres.
Al cierre de 2018, se registró la existencia de 19 Centros Penitenciarios Federales, mismos que contaban con 38 mil 494 espacios habitados por población sentenciada y población en proceso de recibir sentencia. Respecto del total de servidores públicos adscritos a los Centros Penitenciarios Federales, 46.5% fueron hombres, y 53.5% mujeres.

Para revisar esta y más información, se puede consultar el décimo Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF): https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2019/

Y hasta aquí lo dejamos, para no a asustar más a nadie. “Abrazos no balazos. Me canso ganso”.