La península de Yucatán ocupa el quinto lugar en población indígena, la etnia maya es nutrida estadísticamente, bajo este mismo parámetro se muestra que los mayas ocupan menos puestos de elección popular en comparación con Oaxaca o Chiapas, punteros en población autóctona.

Mucho se ha escrito sobre la inferioridad de condiciones de los indígenas frente a los que no lo son y ni qué decir de las condiciones que privan a las mujeres de este grupo -ubicadas en la última escala social- de acceder a convertirse en autoridades municipales o en legisladoras. Existe en el anecdotario cómo se la gastan los mismos indígenas hombres cuando una mujer de su raza gana una elección municipal; sencillamente no le permiten tomar posesión. Yesenia Alamilla Vicente, de Reforma, Chiapas, y del mismo estado Rosa Pérez Pérez, de Chenalhó, conocen el calvario de la política, triquiñuelas por parte de las autoridades electorales y sus consabidos mecanismo de dilación les niegan el derecho a ser electas, derecho consagrado en la Carta Magna.

Las mujeres indígenas en el país son la mitad de la población nacional de esa etnia, suman un poco más de siete millones dispersas en el territorio patrio; con esta población, sí estas mujeres decidieran formar una nación, lograrían tener una mayor que Uruguay, El Salvador, Honduras o Nicaragua, pero no tomen aún armas defensivas, la mayoría de las mujeres indígenas desconocen el poder que tienen en las manos, porque existen etnias en donde los usos y costumbres les tienen incluso prohibido pensar. Aunque usted no lo crea.

En los últimos años han surgido organizaciones internacionales en consonancia con ONGs nacionales y universidades públicas y privadas, interesadas en el desarrollo del liderazgo de mujeres indígenas a través de la educación informal, con el objetivo de que las féminas con conocimientos de su realidad sean instrumentos de empoderamiento para otras del mismo género y puedan ser agentes del desarrollo social, político y económico.

Existen propuestas serias y con sustentos sobre la necesidad de legislar en materia indígena con visión de género con políticas públicas de discriminación positiva, como asegurarles con todas las herramientas tecnológicas y económicas el acceso a la educación en su propia lengua sin los impedimentos de usos y costumbres, el crear instancias regionales o municipales de justicia contra la violencia, asegurar el acceso político por cuota de género a cabildos y hasta legislaturas locales y nacionales.

La 4T ha tenido algunos visos de apertura, dando lugar a mujeres indígenas en posiciones culturales; por ejemplo en la Subsecretaría de la Diversidad Cultual y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal se encuentra la poeta zapoteca Natalia Toledo. Aunque una flor no hace primavera, hay que mencionar que para ocupar la jefatura de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación existen una decena de mujeres indígenas haciendo pasarela curricular.