La solicitud de ampliación del presupuesto para el Instituto Estatal Electoral que preside el consejero Mtro. Moisés Bates Aguilar al Gobierno del Estado por más de $56 millones a su presupuesto autorizado por el Congreso por $436 millones ha puesto sobre la lupa el tema de la eficiencia administrativa de un organismo que en cada proceso electoral aduce el mismo argumento: insuficiencia de fondos para cumplir sus compromisos.

Descuente usted amable lector, las prerrogativas para los partidos políticos que para este año serán poco más de $188 millones y los gastos de operación del ejercicio electoral que serían poco más de $111 millones y le quedarán más de $137 millones; de los cuales, casi $100 millones se destinarán para los servicios personales y operativos corrientes del organismo.

Y aunque el presidente Bates Aguilar ha informado que se apretarán el cinturón en gastos de papelería, combustible y alquiler, la realidad es que estos siempre serán son los costos inherentes a cada proceso y es indiscutible que al menos en este proceso electoral que pasa de 15 a 21 zonas distritales, habrá más gastos de ese tipo. Esa oferta de legalidad y transparencia no está a discusión. Es una obligación fundada en el propio reglamento del Iepac.

El problema quizá no radica en ese tipo de gastos, sino en otras erogaciones que cada año aumentan de manera desproporcionada: los datos del propio organismo electoral muestran que en ejercicio de su presupuesto de 2023 el concepto que más se ha incrementado en los últimos años es el de Servicios Personales, pasó en el 2017 a $83 millones, en el 2018 ejerció $133 millones y en el 2021 -en plena pandemia, cuando hubo menos gastos de movilización y combustibles- llegó a casi $74 millones. Ahora, en el 2023, ejercería $97.4 millones.

Cabe preguntarse en qué parte del presupuesto convendría ajustarse el cinturón, pues al menos el salario de los consejeros electorales siguen estando, según datos de Transparencia, por arriba de los $112 mil mensuales, y ni qué decir del propio Presidente, cuyo salario está arriba de los $130 mil mensuales, sin contar los altos salarios de los titulares de las unidades en más de $62 mil mensuales, por citar algunos cuantos.

Súmele el lector los gastos pagados en telefonía celular, los bonos de puntualidad y los aguinaldos además de los vales de despensa incluso en años en los que no hay elecciones y tendrá una idea exacta para saber si es posible lograr que este respetado organismo pueda lograr mejores índices de eficiencia administrativa y lograr equilibrar la brecha económica que aumenta en cada proceso electoral.

Nadie pone en duda que el Iepac hará lo que mejor sabe hacer, que es garantizar el proceso electoral y como ofreció su Presidente, lograr “el mejor precio” para la licitación del Programa de Resultados Preliminares (PREP). Eso, como dijimos antes, es una obligación.

Lo que no se sabe es cómo y cuándo logrará los niveles de eficiencia de otros órganos electorales del país, que cuentan con un padrón nominal mucho más alto, y mientras éste crece cada año, sus requerimientos presupuestales van a la baja con medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, como el caso de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, (IEEM) Amalia Pulido Gómez, quien destacó que de cada 10 pesos del total de su presupuesto, 6 corresponden a gastos del proceso electoral y únicamente 4 al gasto ordinario.

Moisés Bates es un funcionario preparado y aunque ha ofrecido que habrá diálogo, y que se buscará un “punto medio” en las negociaciones, habrá que recordar aquella frase del abogado español Enrique Múgica Herzog, que él mismo expuso en el Senado, cuando presentó su justificación de motivos para ser Magistrado electoral: “La democracia no es silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”.