Es difícil (si no imposible) no dudar de la legitimidad de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es difícil creer únicamente en la palabra de lo que demagógicamente se considera “pueblo bueno y digno”, cuando se trata de una abstracción usada al maniqueo según los intereses de quien recurre a ella.

Verá usted, lector: el Tribunal Supremo de Justicia (equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación), así como el Consejo Nacional Electoral (equivalente a nuestro muy apaleado INE) están integrados por perfiles mayoritariamente -y hay que aclarar, muy mayoritariamente- afines al oficialismo, simple y sencillamente porque fueron el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, quienes los pusieron en esos cargos. Especialmente desde la muerte de Hugo Chávez, los dirigentes actuales de Venezuela han hecho y deshecho a su antojo gracias a dos cosas: la falta de contrapesos reales en los Poderes nacionales, y el apoyo incondicional del Ejército Bolivariano.

Hace pocos años, en 2017, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional venezolana que, tras muchos años, se componía de una mayoría opositora. Esta declaración anulaba de hecho todas las actuaciones legislativas de parlamento y daba facultades extraordinarias al presidente y jefe del Ejecutivo. Gracias al control que el heredero del chavismo ejerce sobre el Máximo Tribunal Constitucional del país se pudo controlar a uno de los Poderes del Estado.

En el caso del Consejo Nacional Electoral (y con el respaldo de los otros poderes), se inhabilitó a la candidata opositora que más oportunidades tenía en los comicios del pasado domingo, lo que en cierto sentido debilitó a las fuerzas contrarias al régimen. De hecho, hasta se le prohibió viajar en avión dentro del país, teniendo que acudir a los eventos de su partido por tierra, sin importar la lejanía. ¿En qué tipo de democracias y regímenes plurales y abiertos ocurre esto?

México no es Venezuela ni está convirtiéndose necesariamente en una, pero el contexto político y jurídico del país sudamericano puede servir de espejo para otras naciones y otros mandatarios que se ven tentados por los excesos del poder. Es innegable que en algún momento el pueblo venezolano decidió que se necesitaban cambios “drásticos” para salir de la desigualdad económica y la pobreza (según se dijo), pero años después estas medidas pasan factura y hoy dejan a cualquier intento de disidencia o pensamiento diferente en estado de indefensión y con pocas posibilidades políticas. Es decir, hacer las cosas con las vísceras y dejarse llevar por el clamor del “pueblo” hoy a demostrado haber debilitado a las instituciones necesarias para conservar un Estado de Derecho, y ha dejado a todo un país al capricho de sus gobernantes, quienes cuentan con el respaldo de los funcionarios a quienes han puesto en sus cargos.