En defensa de las prerrogativas fundamentales
Miguel Óscar Sabido Santana: En defensa de las prerrogativas fundamentales.
Como defensor de los derechos humanos de la sociedad, no sería congruente si no hiciera valer mis propias prerrogativas a través de los mecanismos que la ley dispone para reclamar su resarcimiento en lo que considero una vulneración a mis derechos fundamentales.
En días pasados, el H. Congreso del Estado nos negó a la Sociedad Civil y al que suscribe, una respuesta fundada y motivada a nuestra solicitud para ser ratificado como Presidente de la Codhey, a lo cual tengo derecho, fundamentado esto en los artículos 14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 74 de la Constitución Política, de nuestro amado Estado.
Fueron más de 80 Organizaciones de la Sociedad Civil las que me dieron su apoyo, pero, lamentablemente, juntos vimos vulnerados nuestros derechos fundamentales, a pesar de que envíe al Congreso local documentos fidedignos con pruebas fehacientes del trabajo realizado y de los logros alcanzados durante mi administración, por lo que ante la falta de cumplimiento de lo que la ley ordena, no tuve más remedio que acudir a la justicia federal, interponiendo un amparo.
No pretendo con estas letras darle respuesta a quienes con maledicencia difunden un pretendido y malsano deseo de aferrarme al Poder, sino más bien hacer del conocimiento público de los motivos que me han impulsado a recurrir a la justicia federal.
Como es del conocimiento de la sociedad, desde hace seis años el presupuesto de la Codhey ha sido el mismo, sin embargo, esto no ha hecho que nuestro personal se arredre ante las tareas a realizar en nuestro encargo. Por el contrario, emprendimos una intensa campaña de capacitación en todos los niveles para que las personas conozcan más acerca de sus derechos, y puedo decir con orgullo que este trabajo difusor ha hecho que más personas confíen en nuestra institución y acudan a solicitar nuestros servicios.
En 1993 recibimos aproximadamente 400 solicitudes de intervención, mientras que, en 2020, 2021, 2022 fueron en promedio 2,500 solicitudes por año. Si estas cifras no pueden confirmar que el esfuerzo realizado nos ha dado buenos resultados, no sé qué más podría hacerlo.
El espacio no me da oportunidad de hablar de más logros obtenidos, pero lo que sí puedo decir es que seguiré en esta lucha, porque no es únicamente mía, sino la de nuestra sociedad que espera que sus autoridades sean dignas de confianza, en el respeto y defensa de las leyes que como pueblo nos hemos dado.