Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- El Congreso del Estado reactivó ayer el análisis de las iniciativas enviadas por el gobernador Rolando Zapata Bello relativas al programa Escudo Yucatán cuya primera etapa se aprobó la semana pasada.

La comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local analizó las iniciativas para expedir la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para modificar la Ley de la Fiscalía General del Estado, para expedir la Ley de Víctimas, para modificar el Código Penal de Yucatán en materia de armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, para modificar el Código Penal del Estado en materia de abuso sexual, en materia de robo calificado y falsedad  de declaraciones, en materia de delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública; todas enviadas por el gobernador Rolando Zapata.

La citada comisión también abordó las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para el Estado, además del  proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma el Código Penal del Estado presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al respecto, el presidente de la comisión de Justicia del Congreso local, Daniel Granja Peniche manifestó que hay las condiciones para dictaminar esta semana asuntos como el robo a casa habitación y el allanamiento de morada para convertirlos como delitos graves.

“Ya estamos analizando bien la Ley del sistema estatal de seguridad pública en donde se incluye a la sociedad y organizaciones de derechos humanos, asimismo las iniciativas de Ley de víctimas que el Ejecutivo envió y la presentada por el PAN, de entre las dos saldrá la nueva ley para que esta entidad esté acorde en este tema con la Federación”.

La aprobación

Hay que recordar que el viernes pasado el pleno del Congreso del Estado aprobó la primera parte de iniciativas correspondientes al programa Escudo Yucatán. Se trata de las iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de combate a la corrupción y de transparencia, y asimismo las relativas al ámbito de ministerio público. Asimismo el Poder Legislativo autorizó al Poder Ejecutivo a monetizar y afectar participaciones federales, como garantía y fuente de pago de un empréstito por hasta mil 500 millones de pesos.

Respecto de la iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de combate a la corrupción y transparencia, se establece la creación de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuyo titular será nombrado por 17 de los 25 diputados locales, y que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

Estipula que el actual Tribunal Justicia Fiscal del Estado deja de ser parte del Poder Judicial para ser autónomo, modificando su nombre a Tribunal de Justicia Administrativa, otorgándole independencia, y sus tres magistrados se integran como sujetos de juicio político y para la procedencia del juicio político.

Transparencia

En cuanto a la transparencia, la iniciativa aprobada confiere al Congreso del Estado la facultad de nombrar a los comisionados del nuevo Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a los integrantes de su consejo consultivo. 

Dicho organismo tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión o a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de estos, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos estatales, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal.

Las modificaciones legales también estipulan que el nuevo organismo en materia de transparencia se integrará por tres comisionados designados por 17 de los 25 diputados locales, y cuyo periodo en el cargo será por siete años.

Se establece que los comisionados no podrán ser reelectos ni tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. De la misma forma este instituto contará con un consejo consultivo integrado por seis consejeros cuyos cargos serán honoríficos. Los consejeros serán elegidos por el Congreso del estado para un período de dos años y no podrán ser reelectos.

En cuanto a las modificaciones a la Constitución local en materia de ministerio público, se establece la extinción de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado y el traslado de la función policial investigadora a la Secretaría de Seguridad Pública. Se precisó que la policía encargada de la investigación de los delitos no estará adscrita a la Fiscalía General del Estado, pero esta dependencia si coordinara la investigación.