Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El Congreso del Estado informó ayer que recibió las notificaciones con respecto a nueve amparos promovidos en su contra ante los juzgados federales por empresas que operan casinos, ya que buscan evitar el pago del reciente impuesto aprobado por la LX Legislatura.

Se trata del “Impuesto a las erogaciones en juegos y en concursos” y contenido en las recientes reformas a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en la que se consideró gravar con 10 por ciento la cantidad total erogada por la persona física que acuda a las casas de juego.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Hevia Jiménez, manifestó que el Poder Legislativo, en primera instancia, ha rendido los informes previos solicitados en los expedientes respectivos y en tiempo y forma presentará los informes justificados de ley en los cuales se defenderá la legalidad y constitucionalidad de los actos que se le reclaman al Congreso de Yucatán.

“Cabe señalar que durante el proceso legislativo respectivo, se aplicó la metodología jurídica que permitió verificar la constitucionalidad y legalidad del nuevo impuesto aprobado, para ser parte de la ley antes señalada y por ende, para que el Estado continúe con su capacidad recaudatoria para hacer frente a sus más importantes obligaciones sociales”, expuso el diputado Luis Hevia.

Hay que precisar que en esta entidad hay nueve casinos o casas de juego denominados: Play City, Golden Island, Crown City, Winpot Mérida, La Cima, Megajackpots, Juega y Juega, Casino Life, y Circus.

Como se recordará, desde principios de este mes las empresas que operan casinos promovieron amparos contra el Gobernador de Yucatán y el Congreso del Estado por inconformarse sobre el reciente impuesto local a estos establecimientos.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, dijo que acatará la resolución de los jueces en el caso de los amparos promovidos por casinos que operan en Mérida contra el pago de más de dos mil pesos mensuales por el derecho de supervisión de sus máquinas de apuesta.