Congreso de Yucatán aprueba iniciativa federal contra delincuentes

Los legisladores votaron a favor de la iniciativa federal para que quien cometa robo a casa habitación no pueda llevar su juicio en libertad, así como otros ocho tipo de ilícitos

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También se aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política del Estado, a las Ley de instituciones y procedimientos electorales. (Novedades Yucatán)
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Israel Cárdenas/Mérida
El Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad la iniciativa federal para que quien cometa robo a casa habitación, uno de los principales delitos en Yucatán, no pueda llevar su juicio en libertad, además a otros ocho tipo de ilícitos se eliminará “la puerta giratoria”.

El Poder Legislativo vivió ayer una jornada de modificaciones a leyes locales y federales en asuntos como la paridad de género en el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, modificaciones en materia educativa, así como el otorgamiento de puestos laborales a personas con discapacidad en ayuntamientos y en la administración estatal.

Respecto de las iniciativas federales, se trata de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa y otra referente a la extinción de dominio, del cual la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local manifestó que quien sea detenido por robo no podrá llevar su juicio en libertad, asimismo quien cometa los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; el uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

De la misma forma, quien cometa robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos denominados “huachicoleros”, así como los ilícitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares.

Respecto de la extinción de dominio, la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política precisó que significa que todo aquello que sea producto del crimen, como el dinero y bienes, una vez resuelto por la autoridad judicial su extinción, pase a control del Estado.

La extinción de dominio también forma parte de esas adecuaciones derivadas de la entrada en vigor del sistema de justicia penal oral, y se encuentra vigente, pero no ha resultado muy eficaz a la hora de aplicarse por la autoridad judicial.

“Si bien se habla de que los bienes producto de la delincuencia pasan al dominio de la nación, esto debe ser decretado por un juez, cuyo resultado en gran medida depende de que un juez penal encuentre culpable y condene al dueño o poseedor de dichos bienes”, informó.

Respecto de las iniciativas locales, se aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política del Estado, a las Ley de instituciones y procedimientos electorales, a la Ley orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública (CAPY).

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