Novedades Yucatán/Mérida
En la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, se aprobó por mayoría el dictamen para no ratificar a César Andrés Antuña Aguilar como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con 14 votos a favor: PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PVEM, y 11 en contra: PRI y PRD.

Durante la discusión del tema, Luis Borjas Romero (PRI) recordó que es el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien evalúa el desempeño de los jueces y magistrados, que en su caso, como éste, aprueba que sea ratificado, pero en esta ocasión se ha puesto en tela de juicio esta determinación sobre el trabajo profesional y ético del sujeto en cuestión, que obtuvo el 82 por ciento de eficiencia en las resoluciones durante un periodo de seis años.

En respuesta, Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano) acusó que el magistrado no se ha apegado a los principios rectores, dejando a los ayuntamientos con deudas, lentitud en los laudos, por lo que no ha cumplido con la eficiencia que el cargo exige.

Ante ello, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que el problema de la deuda de los ayuntamientos a causa de los laudos no es responsabilidad del magistrado o el tribunal en cuestión, sino de los municipios, por lo que el Poder Legislativo debe trabajar para apoyar con instrumentos presupuestarios para subsanar esta situación.

Rosa Díaz Lizama (PAN), señaló que el magistrado presidente ha quedado a deber a la ciudadanía, porque no tuvo la iniciativa de presentar propuestas para mejorar el marco legal con mecanismos que puedan resolver los procedimientos de esta índole, así como la falta de justicia hacia los trabajadores, por lo que “no ha cumplido con los intereses de los ciudadanos ni de los ayuntamientos”.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), indicó que el magistrado mencionado cumple con todos los requisitos que establece la Constitución Política de Yucatán para ser ratificado y, hasta el momento, no ha existido una razón jurídica en comisión ni en el pleno que diga lo contrario.

Por último, Milagros Romero Bastarrachea (MC) recordó que en la iniciativa que presentó y fue aprobada para establecer plazos para la resolución de los procedimientos por despido de trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, fue a raíz del problema que existe del retraso de los juicios por parte de los abogados, que representa una irregularidad en los casos.

Por otro lado, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir a un miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción, para lo cual se convoca a instituciones de educación superior y de investigación, para que propongan a candidatos para el cargo, con un período de tres años.