MÉRIDA, Yucatán.- Ayer, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ordenó el cierre de negocios no “indispensables” a partir de este 1 de abril y hasta nuevo aviso ante la contingencia sanitaria.

Ante este decreto,  emitido con el fin de evitar el aumento de contagios de coronavirus, la capital yucateca tuvo un nuevo escenario al ver negocios y plazas comerciales cerradas.

Sin embargo, en diferentes calles del Centro Histórico se pueden observar a algunos vendedores ambulantes, quienes a pesar de la medida salen a tratar de vender sus productos para poder obtener algún ingreso y mantener a su familia.

En tanto, las plazas comerciales de la zona norte y las grandes tiendas departamentales bajaron sus cortinas y solo están abiertos los accesos a los super mercados y farmacias ubicadas al interior.

Personal de seguridad  brinda información a las pocas personas que se acercan con intenciones de acceder a quienes les indican que las tiendas estarán cerradas hasta nuevo aviso.

Algunos de los cajeros ubicados en los supermercados ya se quedaron sin efectivo y sólo funciona para revisar saldos.

Daño por cierre de negocios será incalculable: empresarios

Ante esta medida, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Michel Salum Francis, afirmó que el cierre obligado de negocios que no sean “indispenables” será un daño económico incalculable para las empresas de Yucatán y de todo el país, pero las vidas humanas no tienen precio.

Recalcó que, de no acatar la medida anunciada por el gobernador, Mauricio Vila Dosal, el daño sería mayor al complicarse la situación sanitaria actual. Ayer por la tarde, el Ejecutivo Estatal dio un mensaje en el cual aclaró las medidas de contingencia que emitió el lunes por la noche el Gobierno federal, enfocadas a limitar al máximo posible el tránsito de personas y vehículos, priorizando la movilización de quienes de verdad realizan un trabajo indispensable.

“Ya se dijo mucho que si este tema no se atiende y se sale de las manos, las consecuencias serán mucho peores, entonces tenemos entre todos que tomar medidas y acatarlas, implementarlas y cuidarnos que es lo más importante, porque las vidas humanas no tienen precios y valen más que cualquier otra situación que pudiera haber”, aseveró.

Aunque no detalló el número de pequeños, medianos y grandes comercios que tendrán que cerrar sus puertas a partir de este día, Salum Francis aclaró que solo los comercios ubicados en el Centro Histórico de Mérida emplean a más de 60 mil personas, pues es el área comercial más grande del país.

Aseguró que el problema es grave, sobre todo el tema de la liquidez para solventar, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el pago de la nómina de la base trabajadora de todas las empresas locales.

Desde que inició la contingencia sanitaria, muchos negocios han decidido cerrar sus puertas. (José Acosta/Novedades Yucatán)

“Estamos tratando de salir adelante con todo esto, la situación se está complicando porque no ha habido apoyo del Gobierno federal; desgraciadamente sin ese apoyo para esto muchas empresas y empresarios se verán muy dañados”, comentó.

Reconoció el apoyo que otorgará el Ejecutivo Estatal respecto a la condonación de algunos impuestos, pero no es lo necesario para impulsar además la obra pública que genera derrama económica importante para el estado.

A pesar del panorama, indicó, se mantendrán a la espera de cómo continuará el desarrollo de la pandemia en el Estado, pero sin duda no se puede esperar más para tomar acciones contundentes al respecto.

La intención de la iniciativa privada, recalcó el también presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), es no despedir a los empleados a pesar del cierre de negocios porque la medida es por el bien de todos.

“El CCE está conformado por 17 cámaras y asociaciones que representan a toda la actividad económica del Estado, ya han situaciones muy difíciles; sí hay empresarios chicos, medianos, grandes, conocidos y no conocidos y muchísimos me hablan preocupados externando su situación”.

Agregó que debe ser el Gobierno federal el que debería “salir al rescate”, como lo hacen en otras partes del mundo, pero hay renuencia y negación a ello, lo que es una irresponsabilidad grande porque puede atentar a la tranquilidad social del Estado y país.