16 de Junio de 2019

Mérida

Guerra territorial: son 8 los municipios yucatecos que tendrían una parte de su territorio en Quintana Roo

Se trata de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacacupul, entre otros

(Imagen tomada de UNOTV)
(Imagen tomada de UNOTV)
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Israel Cárdenas/MÉRIDA
Quintana Roo está recortando el territorio de 8 municipios de Yucatán tras modificar sus límites territoriales con esta entidad, declaró ayer el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira.

El funcionario agregó que en este momento no puede revelar de cuántos kilómetros se trata por “estrategia jurídica”.

Los municipios yucatecos afectados son Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacacupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax.

Tappan Silveira acudió este jueves al Congreso del Estado a recabar la firma del presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Enrique Castillo Ruz para integrarla a la controversia constitucional firmada por los tres poderes del Estado en contra de Quintana Roo y que este viernes será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado Enrique Castillo manifestó que “Yucatán es un Estado amigo, siempre ha cooperado con los demás estados y ha tenido muy buena relación con sus vecinos, y esperemos que siempre lo siga haciendo. Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia actuará en consecuencia, primero para buscar la nulidad del decreto del 22 de marzo en la legislatura de Quintana Roo”.

Afectación

Por su parte, el consejero jurídico Mauricio Tappan dijo que la afectación a Yucatán “es un porcentaje no tan considerable pero sí es importante defenderlo, el número exacto de kilómetros no se los podría revelar ahorita porque es parte de la estrategia jurídica”.

En este sentido agregó que “lo que se combate es la publicación de una reforma constitucional por parte de Quintana Roo en la que modifica los límites de su Estado, y al modificar eso consideramos que se podría afectar el territorio de Yucatán, por esa razón analizando jurídicamente qué es lo que procede llegamos a la conclusión que es una controversia constitucional para que la Suprema Corte sea la que resuelva y determine la legalidad del acto”.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Felipe Cervera Hernández declaró que la firma del documento es una muestra de la coordinación y el trabajo de los tres poderes del Estado para defender intereses comunes.

“Este es un tema que, lo hemos recalcado, no se busca politizar sino que simplemente se busca hacer las acciones jurídicas adecuadas, en este caso con un Estado hermano, el grupo de trabajo no está conformado únicamente por quienes estamos aquí presentes sino por un gran equipo que nos respalda a cada uno de los poderes del Estado”.

 

 

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