Lo que inició en 2014 como inconformidad de un grupo de militares y luego se convirtió en una batalla en la que hasta quienes no fueron afectados se unieron a las voces de las tres ramas de las fuerzas armadas, finalmente se ganó.

Este lunes, Día del Ejército, el presidente publicó el decreto que abroga el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam)) que impedía ostentar el grado inmediato a quienes lograron este derecho.

El caso llegó a la Corte, donde, en 2017, la segunda sala, al negar un amparo a un teniente de la Fuerza Aérea, determinó que los militares que pasaran a situación de retiro solo tenían derecho a ascender al grado superior para efecto de gozar de prestaciones económicas y de seguridad social, es decir, no podían usar uniforme ni insignias no ganados en el activo.

El proyecto, una mala interpretación del reglamento de una ley, fue elaborado por el ministro Eduardo Medina Mora, lo que daba pie a tener dos grados: uno para efectos de cobrar la pensión y otro en documentos de identificación militar.

Ahora, el decreto publicado el lunes 19 establece que los militares que a partir del 11 de mayo de 2013 hayan pasado a retiro podrán solicitar los beneficios que establece el artículo 27 de la ley del Issfam, y la Sedena y Semar han girado órdenes para que en las credenciales de identidad que se les expidan se considere el grado para efectos de retiro. Más aún, en las de oficiales del Ejército figura la leyenda de que la ley les permite portar armas.

Fueron cinco años de pelear por un derecho que el anterior secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, conculcó en perjuicio de marinos y soldados, e incluso combatió en la SCJN amparos. Por eso es una victoria de los afectados sobre el general, por supuesto con el apoyo del sucesor de Cienfuegos, general Luis Cresencio Sandoval.

Una versión que circuló en el Ejército refiere que un general de división retirado se negó a saludar marcialmente al entonces titular de la Sedena y que este episodio motivó la disposición de que solo se les reconociera el ascenso para efectos del cobro de la pensión.

Es de destacar que esta decisión ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por la Federación de Militares Retirados, A.C. (Femirac) “Francisco J. Mújica”, fundada por el general brigadier Samuel Lara Villa, fallecido en septiembre de 2017, labor continuada por el actual presidente, subteniente retirado Rafael Bustos Montes, y apoyada por las diversas delegaciones que se han multiplicado en el país, que siempre han pugnado por los derechos de los retirados del Ejército y la Armada y sus derechohabientes.

Por cierto, esta Federación está integrada en su mayoría por militares formados desde tropa, pues los egresados del H. Colegio Militar y la H. Escuela Naval se afilian a agrupaciones más de carácter social.

Y es que en las fuerzas armadas portar un grado confiere poder -en el amplio y estricto sentido de la palabra-, indispensable para el ejercicio del mando; y ya en retiro, es un derecho y un orgullo ganado después de servir a la patria, así que ¡bienvenida esta decisión!

Anexo "1"

...Y falta la Previsión Social Múltiple

Otro acto de justicia que esperan los retirados de las fuerzas armadas es la actualización del pago de la Previsión Social Múltiple (PSM), pues desde el año 2000 reciben solamente 95.58 pesos mensuales, cuando esta cantidad debió haberse incrementado e igualado con lo que reciben los militares en el activo, que es de 515 pesos. La Secretaría de Hacienda se ha negado a cubrir la PSM en igual cuantía a como la cubre al personal activo, e incluso la Suprema Corte se pronunció en contra de homologación, argumentando que los aumentos a esa prestación refieren que sólo será para personal operativo, según estableció Hacienda. Y preguntamos ¿entonces por qué la integraron a los haberes de retiro? y ¿se quedará la cuota congelada?

La aprobación no reviste un gran desembolso para el erario, y es otra batalla que está dando desde su trinchera la Femirac.