Recientemente, una de mis hijas me compartió una frase que más o menos decía: “En una familia de siete, cuatro están en contra”. Ese casi 60 por ciento en conflicto se puede aplicar a los eventos del 1 de diciembre: el mitin-informe del primer año de gobierno y la marcha en contra del presidente, aceptando que de uno u otro lado puede estar la diferencia.

Y es que cotidianamente nos pretenden hacer olvidar que “la unión hace la fuerza” para convertirla en el “divide y vencerás”, algo que no debe tener cabida en la gran familia que debe ser un pueblo, una comunidad, un país. Esto sin dejar de lado nuestra opinión y preferencia, pedir respeto a ellas y respetar las de otros, como debe ser la convivencia armónica.

Hace días me comentaba un maestro cubano que la posición del gobierno mexicano es similar a la de los regímenes socialistas: dividir. Y afirmó que en Cuba eso es lo que se ha propiciado al confrontar a las familias ideológicamente. Aquí, la confrontación es entre neoliberalismo y la cuarta transformación, que esgrime la frase “primero los pobres”. No hay cabida para otros pensamientos, parecen decirnos, cuando debe ser lo contrario en una democracia como la que ha costado construir en México.

Ese parece ser el discurso polarizante, de encono, del mandatario, al enfrentar y descalificar a sus adversarios a quienes ve como enemigos: a políticos que critican sus acciones y decisiones de gobierno; a la prensa que solo cumple su papel de cuestionar pero le causa escozor; a los empresarios que no se alinean o discrepan de los planes de inversión o rechazan las leyes con dedicatoria. Ese rompimiento es evidente incluso en el aparato gubernamental, al registrarse ya 14 renuncias en los diferentes niveles, más los que se advierte llegarán próximamente, porque parece que AMLO no delega responsabilidades ni acepta sugerencias u opiniones.

También abona a esa percepción la política de austeridad o el combate a la corrupción, que se ha utilizado para someter o desaparecer organismos e instituciones creados para poner límites a abusos del poder, que deben ser un equilibrio entre gobernantes y ciudadanos; o el que haya grupos consentidos, como los maestros de la CNTE o los gobernantes de su partido. Se gobierna, entonces, para un grupo, “los buenos”, que reciben dádivas y prerrogativas, no para quienes tienen otra visión. No hay matices, todo es blanco o negro, porque no es posible estar en contra del proyecto del presidente, pensar diferente a él. Pero no debemos permitirlo.

El pasado miércoles, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, durante la firma del Convenio General de Colaboración para el Intercambio de Archivos Históricos, destacó que este ha sido un país de pluralidad y diversidad, y advirtió que “el pensamiento único es una política propia de los déspotas, y aquí en México hemos tenido solo dos realmente: Santa Anna y Porfirio Díaz”.

Dejo esta declaración como final abierto para que cada quien saque conclusiones.

Anexo "1"

Baja por no ascender

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que cuando un soldado o cabo que cumpla nueve años de servicio en el Ejército sin ascender de rango, pueden ser dados de baja de la institución (se infiere que también aplica en la Armada).

La Segunda Sala del máximo tribunal del país emitió el fallo al negar tres amparos presentados por soldados en contra el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército, que permite que sean dados de baja por no ascender, al argumentar que esto es discriminatorio por razón de la edad y que lesiona su derecho al trabajo.

Al artículo 154 estipula: “La Secretaría de la Defensa Nacional podrá reenganchar al personal de cabos y soldados de las clases de Arma y Servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios. En caso contrario, este personal causará baja en el Servicio Activo y alta en la Reserva correspondiente. En el caso de los soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de reenganche admitidos será como máximo de nueve años.

Así, por unanimidad, los juzgadores señalaron que existen precedentes que indican que la relación entre la Sedena y sus tropas es de naturaleza administrativa y no laboral. Uno de los proyectos presentado por el ministro Javier Laynez señala que "se consideró al Estado como un patrón sui generis, de dicho tratamiento se excluían a cuatro grupos: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación seguía siendo de orden administrativo".