14 de Noviembre de 2019

Opinion

El mensaje

Quienes hoy critican la medida del Isstey, como Henry Gómez Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, callaron cuando en los gobiernos de Rolando Zapata e Ivonne Ortega saquearon a la institución

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La denuncia de los diputados del PAN contra los titulares del Isstey no es una concesión graciosa a la lucha contra la corrupción. Es un aviso de la administración de Mauricio Vila para quienes todavía tienen cuentas pendientes por aprobar y por comprobar, pues, como se sabe, en el Congreso local todavía no se ha aprobado precisamente la Cuenta Pública 2018, que corresponde, en tres trimestres, al ex gobernador Rolando Zapata Bello y sus funcionarios.

Uno de los artífices operativos, más no intelectuales, es el superdelegado Joaquín Díaz Mena, quien utiliza a Morena en su pleito personal con el gobernador del Estado, actitud muy diferente de los verdaderos morenistas que entienden y comprenden la coordinación entre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y Mauricio Vila Dosal.

La salida de Mariana Cruz Pool de una coordinación regional es un reflejo de la grave crisis de identidad política que existe en este emergente partido cuyos liderazgos de la izquierda histórica ven cómo el ex presidente municipal de San Felipe es capaz de hacer a un lado a ex correligionarios suyos panistas para impulsar a gentes cercanas a su primer círculo, como lo es el ex diputado local Edgardo Medina.

Llama la atención que quienes hoy critican la medida del Isstey, como es el caso de Henry Gómez Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, callaron cuando en los gobiernos de Rolando Zapata e Ivonne Ortega saquearon a la institución: nunca se les vio en las calles con pancartas cuidando el dinero de los trabajadores que durante dos sexenios desaparecieron de las arcas del Isstey más de 2 mil millones de pesos.

En contraste, la administración del primer gobernador panista Patricio Patrón Laviada dejó recursos por más de 200 millones de pesos antes de que sus adversarios lo utilizaran como caja chica para mantenerse en el poder.

Los pensionados tienen derecho a cuidar sus ingresos, lo que no es válido es el oportunismo político de quienes sabiendo el origen de la deblace financiera del Isstey usen como carne de cañón al movimiento legítimo de los pensionados y jubilados.

No en balde Jervis García, quien busca la reelección, ha sido más prudente a la hora de los señalamientos.

Quienes aspiren a la gubernatura de Yucatán en 2024 tendrán que ser lo suficientemente honestos para explicarle a sus simpatizantes que el Isstey solo podría sobrevivir si se le inyectan poco más de 2 mil millones de pesos para que el sistema de pensiones no colapse. En pocas palabras, para que sigan cobrando sus pensiones hasta el final de sus días. 

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