Dirigentes empresariales del estado condenan actuar de Grupo Indignación

Empresarios locales consideran que el desarrollo de Yucatán no puede ser rehén de “alborotadores” que, escudados en falsas ONG, utilizan incluso a los mayas para beneficiarse

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Grupo Indignación utiliza a los pueblos indígenas para sus intereses personales.
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MÉRIDA, Yucatán.- Dirigentes empresariales criticaron que alborotadores, escudados en supuestas organizaciones civiles, tengan el único interés de frenar las inversiones en materia sustentable en Yucatán, lo que impide generar miles de empleos y atraer capitales productivos, que no llegan porque ven falta de certeza jurídica y de respeto a la promoción empresarial.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que organizaciones financiadas desde el extranjero promueven recursos jurídicos para frenar proyectos de desarrollo; entre éstas se encuentra Grupo Indignación.

El Gobierno federal acusó de corrupto al Grupo Indignación porque recibe recursos del extranjero con la intención de “parar” la construcción del tren maya, principal obra de infraestructura federal para el sureste del país. Hasta ahora, ha recibido 620 mil 570 dólares de organizaciones internacionales para frenar los trabajos del nuevo ferrocarril.

Además del tren maya, Indignación mantiene congelados 20 proyectos de inversión en materia de energía, pues, por medio de argucias legaloides –como supuestas afectaciones a comunidades mayas-, intervino directa e indirectamente para frenar parques de energía renovable.

Uno de los afectados, que pidió el anonimato denunció que, tras cumplir con las las consultas de ley en las comunidades indígena, Indignación, con argucias legales, llamó a “repetir” las encuestas, con el único objetivo de “reventar” el proyecto.

Atentan contra la creación de empleos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, advirtió de que estos grupos radicales atentan contra la creación de empleos, el progreso económico y una mejor calidad de vida de los yucatecos, y comentó que es hora de afinar los detalles jurídicos para evitar que estas acciones vayan en contra del desarrollo sustentable de la entidad.

Consideró grave que cada vez que venga una industria o proyecto de inversión se le frene, consideró que será lamentable que Yucatán pierda inversiones por esa razón.

“Veo grave que cada vez que venga una industria a apostar por Yucatán se le frene. Es grave que un pequeño grupo de personas inhiba las inversiones, los empleos que se piensan generar y que va en contra de las propias comunidades y de ellos mismos, si los proyectos cumplen con la ley”, aseveró.

Reiteró que, si hay una inversión tan fuerte en una industria es porque está avalada; “quiero pensar que se efectuó antes un estudio de impacto de manera sustentada; si hay un grupo de ciudadanos que no esté de acuerdo sobre el tema, creo que hay que sentarse a dialogar y comprobar que realmente no se está cumpliendo”.

"Solo ven cómo sacar un beneficio para ellos"

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, fue contundente: ya no se puede continuar frenando las inversiones en el Estado por reclamos de “alborotadores que solo ven cómo sacar un beneficio para ellos y no para la comunidad en general (…) Es preocupante que inversiones millonarias sean frenadas por intereses distintos a los de las comunidades y de Yucatán”, sostuvo.

Aseveró que al sector empresarial yucateco le preocupa que las inversiones millonarias al interior de Estado se frenen por intereses distintos a los de Yucatán.

Indicó que desde la Canacintra, y en conjunto con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, se pugnará por dar certeza a las inversiones destinadas a la entidad, para que no se frene el desarrollo económico e industrial responsable.

Se debe apostar por los beneficios reales

Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canaima), Daniel Xool Alcocer, pidió hacer un lado los intereses de grupos y apostar por los beneficios reales de la comunidad y el interior del Estado, para darle una salida legal a proyectos como el de la firma PAPO, en el municipio de Homún.

Señaló que las empresas que están legalmente constituidas y que cumplan con todas las normas legales para su operación, no deben detenerse, porque eso impacta de forma directa en toda la economía de la entidad.

En coincidencia, Carlos Ramayo Navarrete, presidente de la Asociación de Porcicultores de Yucatán (APY), aseguró que al sector de los productores de carne de cerdo es de los más afectados por los intereses de ese grupo, que ha frenado sin fundamentos las nuevas granjas que cumplen con las especificaciones nacionales e internacionales en materia ambiental, las que se han frenado por intereses diferentes a los de las comunidades, sobre todo en estos momentos en que el mercado internacional busca nuestros productos.

Lamentó que fuertes inversiones económicas, como la de granjas porcícolas, parques eólicos y fotovoltaicos se frenen por intereses no muy claros, por lo que se necesita certeza jurídica para los consorcios.

“Hay intereses no muy claros que cada vez que estas inversiones quieren caminar, hay personas que insisten en pararlas, y luego de alguna manera buscan cómo sacar algún provecho de esto. Hemos visto que las empresas están cumpliendo las leyes y aún así tienen problemas”, comentó.

 

 

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