Wilberth Chi/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Desde el primer minuto de hoy entró en vigor en Yucatán el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto establecer las normas que se observarán en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.

En el Salón de Plenos del Poder Judicial del Estado se llevó a cabo una sesión pública extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), que marcará de forma oficial el arranque de la homologación de las normas.

Así, Yucatán, al igual que Durango, Nuevo León, Veracruz, Coahuila y Ciudad de México, entre otras entidades, implementa este nuevo modelo de justicia para responder a las necesidades actuales, ya que el anterior modelo, el inquisitorio, que rigió por 90 años en el país, resultaba obsoleto.

Como publicamos en marzo de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirán  cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o federal.

El código prevé normas que durante todo el procedimiento penal garantizan que toda persona sea tratada como inocente hasta que no exista una sentencia firme dictada por un juez o Tribunal que lo declare responsable de la comisión de un delito.
Las normas previstas garantizan la protección en favor de las víctimas al prever reglas en las que se establece la obligación de las autoridades de brindar atención médica y psicológica inmediata, un papel activo en el procedimiento, el derecho a un asesor jurídico y exigir la reparación del daño que se les causó.

En algunos casos, la víctima tiene la posibilidad de ejercer la acción penal, mecanismo que contribuye en forma importante a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal.

El nuevo código está basado en los estándares internacionales que prevén el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los inculpados; con ello, el Estado mexicano cumple con los compromisos adquiridos en el ámbito internacional.

La oralidad y la publicidad transparentan el proceso penal al permitir que cualquier interesado asista a las audiencias. Cabe señalar que el CNPP contiene excepciones a la publicidad para  salvaguardar los derechos fundamentales de los involucrados; por ejemplo, cuando un menor sea parte del proceso.

Por otra parte, el CNPP estandariza las reglas del procedimiento que deben aplicar y observar las partes que intervienen en un proceso penal federal o local.

En el código nacional señala que en todo procedimiento penal prevalecerá la presunción de inocencia, es decir, todo inculpado debe ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario en una sentencia dictada por un juez.

En ese sentido, cualquier acción de la autoridad en relación con el imputado debe estar guiada por este principio.

Este derecho del imputado es también un principio general del sistema de justicia penal que constituye su piedra angular. 

Los jueces

El sistema penal tiene como nuevas figuras un juez de control y juez o Tribunal de Juicio Oral.

El juez de control vigila y garantiza la legalidad de la investigación, protegiendo los derechos de las víctimas, testigos o inculpados resolviendo las solicitudes de las partes de acuerdo con la ley.

El juez o Tribunal de Juicio Oral, de manera imparcial, conocerá por primera vez el caso, analizará las pruebas y emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

Se priorizan las medidas cautelares; con su aplicación, se busca lograr un equilibrio entre los derechos de las partes y el éxito del procedimiento penal.

Garantizan el adecuado desarrollo del procedimiento, que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia y evita que éste sea un riesgo para la víctima o la sociedad.

¿Qué es el código?

El Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento legal que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del común en el país. 

Contempla los principios generales del proceso y sus etapas, así como figuras novedosas auxiliares del proceso, como los mecanismos alternativos, las formas anticipadas de terminación del proceso, medidas cautelares y procedimientos especiales.

Antes de la expedición del CNPP existían 34 códigos procesales penales distintos, 32 locales, el federal y el militar. Esta diversidad de reglas procesales penales impedía que existiera un modelo unificado de justicia. Reglas procesales distintas para resolver un mismo hecho podían llevar a resultados contradictorios. 

En los hechos algunas entidades federativas establecían reglas dentro del proceso penal que llegaban a ser contradictorias con las de un estado vecino e incluso con las previstas por la Federación.

A partir de la entrada en vigor del código nacional se genera un modelo único de procedimiento penal que será aplicado en todo el país.

Refuerzan conocimiento sobre el proceso penal a comunicadores

Para contribuir a un mejor entendimiento y difusión de la forma en que actualmente se imparte justicia en casos penales, periodistas, editores y directivos de medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales y de radio y televisión del Estado, han sido convocados para atender una serie de conferencias de actualización sobre el sistema de justicia penal, particularmente sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que hoy entró en vigor.

El objetivo de este taller es reforzar los conocimientos de los comunicadores acerca de la forma en la que se lleva a cabo la resolución de los procesos, bajo el sistema penal de corte acusatorio, el cual ha permitido mayor transparencia y eficacia en la investigación de los delitos y la impartición de justicia en el Estado, en audiencias orales a las cuales los periodistas continuarán teniendo acceso, como se ha venido haciendo desde 2011, cuando inició el sistema en Yucatán.

Asimismo, la charla se basa en la revisión de aspectos fundamentales del nuevo CNPP, relativos a los criterios para la solicitud e imposición de medidas cautelares para los procesados y las diferentes opciones que otorga la ley para la resolución de conflictos, además del juicio oral, para alcanzar el objetivo de impartir justicia en menos tiempo y con mayor eficacia.

También se abordan aspectos relacionados con la nueva realidad que vive la procuración e impartición de justicia en Yucatán, caracterizada por priorizar la reparación del daño a las víctimas, siempre bajo el principio de igualdad procesal y de presunción de inocencia, evitando estigmatizar tanto a víctimas, como a personas que se encuentran bajo proceso penal.

Las sesiones continuarán el próximo jueves, así como los días 6 y 14 de octubre del presente en la sede del Poder Judicial en la colonia Inalámbrica de Mérida.

El encargado de impartir este taller es el juez de control del primer distrito judicial del Poder Judicial del Estado, Luis Edwin Mugarte Guerrero. 

Acreditados

• El taller está abierto a todos los medios de comunicación con debida acreditación, por lo que en caso de que algún otro medio esté interesado en participar en esta actualización puede comunicarse al teléfono 93300650 Ext. 5040 con María Fernanda Matus Martínez, jefa de la Unidad de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado.

El proceso

Implementación gradual del Nuevo Sistema Penal, Acusatorio y Oral en Yucatán:

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, la importancia de  contar con una legislación procesal única en materia penal radica en lo siguiente:

• Facilita el tránsito hacia  el sistema de justicia  penal acusatorio.
• Garantiza que  la legislación  cumpla con  los objetivos de las reformas constitucionales de 2008 al incorporar los principios del nuevo sistema penal acusatorio-oral y de 2011 en materia de derechos humanos.
• Disminuye los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y genera una misma protección jurídica en todo el territorio nacional, con lo que se favorece igualdad jurídica de los ciudadanos.
• Brinda mayor seguridad y certeza jurídica, a la vez que evita la dispersión legislativa, así como la existencia de leyes contradictorias que son fuente de arbitrariedad, impunidad e injusticia. 
• Genera homogeneidad en los criterios judiciales.
• Estandariza los criterios de interpretación por parte de jueces y magistrados del país.
• Fortalece la coordinación entre las autoridades y los operadores en el país.
• Facilita el cumplimiento de diligencias  procesales llevadas a cabo por las autoridades de procuración y administración de justicia.
• Estrecha y agiliza la colaboración entre los órganos que participan en el sistema de seguridad y justicia.
• El Código  Nacional de Procedimientos Penales destaca lo siguiente:
• Se garantiza el respeto del principio de presunción de inocencia.