Israel Cárdenas/Mérida
A la par de las 46 denuncias que la Auditoría Superior (ASEY) mantiene ante la Fiscalía General del Estado contra ex alcaldes por presunto daño patrimonial por más de 20 millones de pesos, a partir de septiembre las contralorías internas de los 106 ayuntamientos deberán iniciar la ejecución de un mecanismo denominado “Proceso de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias (PRAS)” para sancionar a ex funcionarios de las administraciones anteriores que hayan cometido faltas administrativas.

Se trata de dictámenes de auditorías realizadas por la ASEY a los ayuntamientos a quienes instruirá la ejecución de dichas sanciones.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, Alejandro Cuevas Mena, dijo que los órganos de control interno de los ayuntamientos podrán aplicar multas y amonestaciones, incluso inhabilitar a las anteriores autoridades para ocupar cargos públicos o ser candidatos a puestos de elección popular.

Agregó que también podrán determinar acciones de tipo penal o legal.

En este contexto, Alejandro Cuevas dijo que la ASEY tiene más de mil procedimientos de responsabilidad administrativa por varios millones de pesos, que turnará a los ayuntamientos para que determinen qué tipo de sanción aplicarán a ex funcionarios municipales a partir de septiembre.

“La Auditoría Superior del Estado ya detectó irregularidades en temas que tienen que ver y que no son de índole penal o de evasión o de deuda sino que son sanciones administrativas, en estos casos les llegará la notificación a los ayuntamientos”, dijo.

En este sentido, Cuevas Mena precisó que más del 80 por ciento de los ayuntamientos no cuenta con órganos de control interno, y aclaró que si en septiembre no cumplen con tener dicha instancia, la ley señala que entonces el responsable de aplicar las PRAS será el síndico del ayuntamiento, quien tendrá plazos y términos para imponer las sanciones.

“Si el síndico no hiciere su trabajo, entonces este funcionario podrá ser removido por el Congreso del Estado, es decir, la ASEY ya nos informó que tiene más de mil PRAS para enviar a los 106 ayuntamientos”, expuso.

“Les conmino a que den paso a la creación de sus órganos de control interno al menos de tres personas, un responsable, un jurídico y uno que le dé seguimiento, de preferencia que sean abogados porque tendrán que dictaminar qué sanciones aplicar a las autoridades anteriores”, afirmó.

Como hemos informado, la ASEY mantiene 46 denuncias penales ante la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, contra ex alcaldes y funcionarios de 30 municipios por presunto daño patrimonial por un monto global de 20 millones 933 mil 398.62 pesos, durante el trienio 2015-2018.