Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc- Ante las anomalías que comienzan a aflorar al interior del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), agrupaciones civiles consideran que es mejor cortarlas de tajo, por lo que exigen la renuncia de la consejera presidenta María Elena Achach Asaf, ya que dicen que el cargo debe estar en manos de una persona comprometida con el ejercicio de la ley.

El presidente de la asociación civil “Líderes en Alianza”, que agrupa a jóvenes abogados de Yucatán, Roberto Díaz Axtle, exigió ayer la renuncia de Achach Asaf ante las violaciones a los derechos laborales de al menos ocho funcionarios de primer nivel, el tráfico de influencias y la censura que impera al interior del organismo, que se supone debe ser uno de los más transparentes.

“Cuando las cosas no se hacen de manera correcta y son mal manejadas, de inmediato lo que procede es designar a otra persona que sí tenga las capacidades, que sea objetiva y que no tome decisiones con base en intereses personales”, afirmó Díaz Axtle.

“El Ipepac debe ser un organismo plural, ya que por ser el árbitro electoral debe ser dirigido por  individuos íntegros, por lo que exigimos la renuncia de la consejera presidenta María Elena Achach Asaf para que haya un cambio en ese organismo”.

MILENIO NOVEDADES ha informado de las anomalías internas del Ipepac, las cuales han violado los derechos laborales de al menos ocho personas, y la contratación a modo de amigos, sin emisión de la convocatoria correspondiente, lo cual incluso ha sido reconocido por la consejera presidenta María Elena Achach Asaf.

Privilegiar el proceso conciliador, así como acabar con el coyotaje y la simulación de los litigios laborales son otros aspectos revelevantes de la Reforma Laboral, destacó el coordinador de los Diputados Federales del PRI por Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero.

Sanciones a abogados

Ante estudiantes de la Universidad Modelo, el legislador yucateco expuso que aquellos abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones legales con la finalidad de prolongar la resolución de un juicio laboral, se les impondrá una multa de 100 a mil veces el salario mínimo general.

De igual manera, se establece que si la obstaculización de los juicios se debe a conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, se le separará del cargo.

“Sin duda, la justicia laboral debe ser pronta y expedita. En ocasiones aparecen tinterillos que sólo buscan sacar provecho de un conflicto laboral entre patrones y trabajadores. Deben ser sancionados” apuntó.