MÉRIDA, Yuc.- Un total de 23 extranjeros han sido procesados en Yucatán desde que se implementó el sistema penal acusatorio y oral en Mérida, en junio de 2014. Los delitos cometidos son principalmente robo, narcomenudeo y homicidio.

De todos los anteriores, el más recurrente ha sido el robo, en todas sus modalidades y con 12 casos. Le siguen el narcomenudeo (5) y homicidio (3). También se han presentado casos de violencia familiar, falsificación de documentos y calumnias.

Del total de extranjeros, actualmente sólo cuatro están bajo proceso penal y se trata de un canadiense que presuntamente habría matado a un compatriota suyo, además de tres peruanos, por robo con violencia. Todos están presos en el Centro de Reinserción Social del Estado.

Cuando se realizan las detenciones, los jueces los ponen a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar si su estancia en México es legal, sin embargo, al término del proceso, ya sea que cumplan sus sentencias o lleguen a un acuerdo con las víctimas, son deportados por delinquir en el país.

En lo que se refiere a los extranjeros que han sido atrapados por las autoridades policiacas por delinquir en Yucatán, 12 son de nacionalidad colombiana, dos canadienses, tres peruanos, un argentino, un español, un cubano, un venezolano, un belga y un guatemalteco.

Caso reciente

A finales de marzo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a tres colombianos, entre ellos a una mujer, quienes fueron sorprendidos en el norte de la capital yucateca viajando en un vehículo con placas robadas.

El reporte del robo de las placas ZAE-7795 se dio en las inmediaciones de City Center, por lo que la SSP implementó un operativo que incluyó la búsqueda de esa matrícula con las cámaras de videovigilancia que dio como resultado que fuera localizado el vehículo de los colombianos con las láminas sobrepuestas.

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Sin embargo, como no se les pudo comprobar que hurtaron las matrículas, sólo fueron acusados de transitar con placas sobrepuestas, que es una falta administrativa, pero fueron deportados por el Instituto Nacional de Migración (INM), ya que no pudieron acreditar su legal estancia en el país.