Luis Fuente/MÉRIDA
A principios de los años 90 Yucatán fue sacudido por un megafraude de la Caja de Ahorro Jhonny AC, que era ilegal, y afectó a más de mil 600 familias no sólo de la entidad sino de todo el Sureste mexicano, cuyos “organizadores” -Álvaro Romero Euán y su esposa Honorina Lara Trejo- fueron detenidos.

El varón continúa preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del Estado, donde cumple una condena de 25 años de prisión.

Romero Euán, mejor conocido como “Jhonny”,  y su esposa  eran dueños de un videoclub en la colonia Santa Rosa y ambos crearon la Caja de Ahorro “Jhonny A.C.”, que también funcionaba como banca paralela y pagaba intereses más altos que los bancarios.

En ese entonces se mencionó que los verdaderos “jefes” de esta pareja eran políticos y funcionarios del Gobierno estatal en turno.

La Caja de Ahorro abrió unas oficinas en el pasaje Camino Real, en la calle 60 entre 51 y 53 del centro de Mérida, y la fama de este negocio fue creciendo al grado que personas de Tabasco, Veracruz y Chiapas viajaban a la capital yucateca a invertir su dinero.

Sin embargo, presuntamente al no realizar inversiones para generar ganancias, la Caja de Ahorro se fue descapitalizando, ya que pagaba los intereses con el dinero de los nuevos ahorradores.

Esto provocó que a principios de 1991 estallara el conflicto y la Caja y el videoclub de la colonia Santa Rosa cerraran sus puertas, mientras  Romero Euán y su esposa huyeron.

Los más de mil 600 afectados presentaron las denuncias ante el Ministerio Público que solicitó la acción persecutoria en contra de esta pareja, de modo que las demandas quedaron integradas en las causas penales 797/91, 915/91, 1058/91 y 052/92 del Juzgado Tercero de Defensa Social por el delito de fraude genérico.

Pero también la PGR integró un expediente por el delito de violación de la Ley de Instituciones de Crédito, de modo que el Juzgado Primero de Distrito expidió las órdenes de aprehensión correspondientes.

Durante los procesos penales en el Juzgado Tercero de Defensa Social, muchos de los afectados acudieron a otorgar el más amplio perdón a Álvaro Romero Euán, bajo el argumento de que primero les había dado a ganar mucho dinero y luego les tocó perder.

Finalmente, Álvaro Romero Euán fue sentenciado a 25 años de prisión, que comenzaron a correr  el 7 de noviembre de 1997 cuando fue detenido, por lo que abandonará el Cereso en 2022.

Nuevo giro al caso

En agosto de 2012, Álvaro Romero Euán realizó trámites ante los nuevos juzgados de Ejecución de Sentencia para pedir la prescripción de los pagos de multas y de los 18 millones de pesos a los que fue condenado por la reparación del daño.

Esto propició que el Juzgado Primero de Ejecución se diera a la tarea de buscar a los denunciantes, antes de emitir una resolución.

La búsqueda también obedece a que “Johnny” ganó un amparo para que las penas corporales, dictadas por el Juzgado Primero de Distrito, por nueve años, y la del Juzgado Tercero de Defensa Social, por 25 años, sean compurgadas de manera simultánea, por lo que recuperaría su libertad en noviembre de 2022; sin embargo, si se declara la prescripción solicitada, abandonará el Centro de Reinserción Social del Estado el 3 de diciembre de este año.

Como parte de la localización, el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencias publicó en las ediciones del 6, 7 y 8 de este mes, un listado 300 personas que figuran como denunciantes en los expedientes penales en contra de Romero Euán, para que éstos o quienes tengan derecho a reclamar la reparación del daño se presenten ante este tribunal.

El sentenciado solicitó el beneficio de libertad anticipada consistente en la remisión parcial de la pena, pero el juez de ejecución resolvió que, por el momento, no es posible atender a la petición de la persona privada de su libertad, habida cuenta de que está pendiente de resolver el recurso de apelación instado por el ciudadano José Alfredo Hidalgo Márquez, apoderado legal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo a sus Ahorradores.

Conflicto social

El megafraude de la Caja de Ahorro Jhonny AC creó un grave conflicto social que motivó la intervención del Gobierno del Estado para que, junto con el Federal, se creara un fideicomiso a favor de los afectados.

Por medio de este convenio se devolvió a los afectados el 70 por ciento  de sus inversiones en esa banca paralela.