El cuerpo de seguridad de élite que configura el gobierno federal, la Guardia Nacional -será civil insisten- podrá realizar detenciones, cateos e incluso labores de “espionaje”, ya que podrá solicitar intervención de comunicaciones. Es decir, tendrá las capacidades de una policía federal y local juntas, pues podrá investigar delitos de ambos fueros y, por si fuera poco, está facultada para revisar y detener a migrantes que se encuentren en forma irregular en el país.

La Ley para esta nueva corporación, aprobada el martes por el Senado, establece que los elementos de policía militar y naval que se sumen a esta fuerza deben cumplir con el control de confianza, pero les da un plazo de hasta dos años para cumplir este requisito, es decir, hay con fianza en la milicia.

Llama la atención que se haya eliminado el requisito de que soldados y marinos pidieran licencia para integrarse a la GN, ahora solo deben “separase de sus funciones” en las fuerzas armadas. Un cambio impulsado por los militares, dado que muchos consideraban que podía perjudicar las prestaciones sociales a que tienen derecho al ser transferidos.

Los artículos transitorios de la ley precisan que los elementos de Policía Federal que pasen a la Guardia continuarán recibiendo sus prestaciones bajo el régimen del Issste, y los militares, de parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De hecho, en redes sociales de militares ya se mencionaba que muchos fueron “comisionados” a la GN porque pocos deseaban el traslado voluntariamente.

Y como se anticipó, los mandos serán militares “mientras la Guardia desarrolla su propia fuerza”, los comandantes superiores e intermedios deberán tener entre 20 y 30 años de experiencia, pero… el jefe máximo es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a quien le corresponde elaborar planes y estrategias.

Durazo preside hoy en Mérida la segunda reunión del gabinete de seguridad, a la que asisten siete gobernadores del sur-sureste, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, donde presentará este modelo de Guardia Nacional y la propuesta inicial de despliegue.

De forma muy breve, éstos son los principales cambios, pero se modificaron en un 70% las iniciativas originales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la creciente inseguridad que ha ocasionado en la última década que ningún país del hemisferio haya experimentado un aumento tan grande como México en el número absoluto en la tasa de homicidios.

La anterior aseveración es una de las conclusiones del informe “Crimen organizado y justicia en México”, del programa Justice in Mexico que desarrolla la Universidad de San Diego, EU, en colaboración con las universidades autónomas de México, de Guadalajara, de Nuevo León y de Puebla. El documento, que analiza tendencias del crimen organizado y la violencia, se presentará a finales de este mes. Datos duros que seguramente impactarán al Gobierno de la 4T, que puede tener “otros datos”, por supuesto.

Anexo “1”

“Recuperando” el grado

El Ejército y la Armada ya están expidiendo la Tarjeta Única de Identificación Militar (TUIM) con los grados que se les concedieron al pasar a situación de retiro a quienes, según la ley del Issfam, tenían este derecho.

Uno de los “reivindicados”, el capitán de fragata de Intendencia Naval, Porfirio Arellanes Altamirano (quien también es abogado) nos solicitó hacer extensivo el agradecimiento al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, "por su contribución a la reivindicación de nuestro grado". Un derecho que les había sido conculcado.

Recordemos que esto inició en 2014, cuando un grupo de militares en situación de retiro, de las tres ramas de las fuerzas armadas, iniciaron una batalla que finalmente se ganó en febrero de este año cuando el Presidente publicó el decreto que abroga el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) que impedía ostentar el grado inmediato a quienes lograron este derecho, cambio impulsado por el anterior titular de Sedena.

El caso llegó a la Corte, donde, en 2017, la segunda sala, al negar un amparo a un teniente de la Fuerza Aérea, determinó que los militares que pasaran a situación de retiro solo tenían derecho a ascender al grado superior para efecto de gozar de prestaciones económicas y de seguridad social, es decir, no podían usar uniforme ni insignias no ganados en el activo.

Quienes estén en esta situación pueden solicitar la expedición de una nueva credencial de identidad, con el grado que se les confirió como retirados.