Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- La juez primero de control, Elsy Villanueva Segura, desechó la petición de la fiscalía de otorgar la prisión preventiva y del asesor jurídico de la víctima para fijar una garantía económica a Rodrigo D. R., quien fue vinculado a proceso por un fraude de cerca de cuatro millones de pesos a Marysa T. F., y sólo decretó que el inculpado fuera a firmar ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares durante los primeros cinco días de los próximos seis meses.

Como publicamos, el 12 de agosto pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó la resolución de la juez Elsy Villanueva Segura en la que había decretado el sobreseimiento de este caso bajo el argumento de que había prescrito el delito.

Los magistrados de la Sala Penal, por mayoría de votos, revocaron la resolución y dictaron la vinculación al acusado y le ordenaron a la juez Villanueva Segura continuar con el proceso.

Por ello, este jueves se llevó a cabo en la sala cuatro del Centro de Justicia Oral de Mérida, la audiencia de determinación de medidas cautelares al acusado.

En su exposición la fiscal solicitó que se decretara la prisión preventiva al acusado por un lapso de seis meses, ya que se corre el riesgo de que se dé a la fuga de la justicia, pues tiene  los medios económicos para ello, además de que representa un peligro para la víctima.

En su intervención, Juan Góngora Puerto, abogado defensor del vinculado, argumentó que no eran procedentes las peticiones de la parte acusadora debido a que el cliente en ningún momento ha incumplido con la medida cautelar de presentar a firmar ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.

Al resolver sobre esto, la juez Villanueva Segura desechó las peticiones de la fiscal y del asesor jurídico y no modificó la medida cautelar que había decretado en la audiencia de imputación, realizada el 17 de mayo pasado, que es solo firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Por ello, solo amplió la duración de esta medida cautelar por seis meses y no fijó alguna garantía económica. También otorgó a la Fiscalía un mes de plazo para el cierre de investigación de este caso.