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MÉRIDA, Yuc.- Al rendir su primer informe de actividades el Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, subrayó este jueves al Congreso del Estado la necesidad de contar con dos nuevas leyes: una, para prevenir y erradicar la tortura, y otra que garantice la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Ante los integrantes de la LXI Legislatura local, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)  cumplió con la obligación constitucional de informar el periodo de enero a diciembre de 2015.

Al abundar sobre las dos propuestas planteadas a los diputados, destacó la necesidad de contar con un ordenamiento moderno que prevenga y sancione cualquier acto de tortura y demás tratos crueles inhumanos o degradantes, ya que ley actual es obsoleta e inoperante para hacer frente a la peor afrenta en contra de la dignidad de cualquier ser humano.

Al igual, pidió contar con una Ley que garantice el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, para lo cual refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para su elaboración a fin de garantizar su armonización y estandarización  con los más altos principios de protección de la vida y la integridad física y emocional de la personas.

Goff Ailloud se refirió al tema del feminicidio en Yucatán y urgió a la Fiscalía General del Estado la pronta implementación y puesta en marcha del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para analizar y clasificar con toda objetividad los delitos que encuadren en este tipo penal que agravia a las mujeres y a la sociedad en general.

Remarcó que dicho protocolo, el cual fue anunciado por el Ejecutivo del Estado, servirá para cumplir con los compromisos internacionales en la materia y garantizar a las mujeres de Yucatán un mejor acceso a la justicia, pero sobre todo, para evitar la impunidad.

En otro punto, Goff Ailloud reconoció el trabajo y dedicación de los Consejeros de la Comisión, la Sra. María del Pilar Larrea Peón, Miriam Jure Cejín,  Marcia Noemí Lara Ruiz y Losé Luis Sánchez González, quienes a través de sus diferentes ópticas, comentarios y sugerencias enriquecen el trabajo de la institución.

Al informe Anual de Actividades asistió en representación del Gobernador, Rolando Zapata Bello, el Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Celis Quintal; el Director del Sistema DIF Yucatán, Líber Sosa Lara; representantes de la sociedad civil  y funcionarios de diversos órdenes de gobierno.

A largo plazo

En su mensaje, el Ombudsman dijo que la visión a largo plazo es consolidar a la Comisión como una institución moderna, dinámica y a la vanguardia en la adopción y promoción de los más altos estándares de protección de los derechos humanos.

Presentó los ejes rectores que guiarán su gestión: fortalecer el trabajo en favor de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en la sociedad, en especial de la población maya a través del reforzamiento de las delegaciones de Tekax y Valladolid a fin de acercar los servicios que presta la institución.

En dicho plan se incluirían los 17 compromisos de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU 2030; contaría con un fideicomiso de reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y un criterio general de atención y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión estatal.

Y remarcó la necesidad de trabajar en erradicar de la conciencia social, el mito que los organismos públicos de derechos humanos sólo defienden delincuentes.

“Por lo contrario, debemos entender que si no respetamos los derechos humanos generaremos impunidad. Que la promoción, protección y defensa de los derechos humanos lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia. Que no podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad”, puntualizó.

Goff Ailloud reconoció el trabajo de la sociedad civil organizada en Yucatán, pues son los responsables de los avances en la construcción de la cultura de respeto por los derechos humanos.

Y pidió a los ciudadanos exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero además, asumir las responsabilidades que también como sociedad tenemos para con los demás.

Para finalizar, subrayó que será una tarea continua posicionar a la Comisión de Derechos Humanos como un verdadero interlocutor entre los ciudadanos y las autoridades; un instrumento social que ejerza mayor influencia y persuasión en el actuar de las autoridades y en la toma de decisiones gubernamentales.