Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- El magistrado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García-Sayán, aseguró ayer que México ha tenido una evolución jurídica importante en los últimos años, la cual va a la par con los avances del organismo internacional.

García-Sayán encabezó ayer en Mérida el inicio del Seminario Internacional “Diálogo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En entrevista, al hablar de este país, dijo que “hemos visto una evolución jurídica e institucional muy importante en lo que atañe a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es lo que nos concierne”.

Y continuó: “La reforma constitucional de 2011, las dos decisiones de la Suprema Corte (caso Radilla y la reciente reforma sobre la contradicción de tesis) conectan directamente con la sentencias de la Corte Interamericana”.

“No sólo se da cumplimiento a las sentencias de la CIDH, sino que se alimenta de sus criterios para fortalecer las decisiones de los tribunales en el conjunto del país y en la Suprema Corte en lo particular”, señaló.

A pregunta expresa sobre cuál es el estado del respeto a los derechos humanos en México, el juez internacional advirtió que “la Corte Interamericana no existe para imponer nada a los estados soberanos, sino para complementar lo que existe dentro de la soberanía”.

“La Corte Interamericana no es un órgano que realice inspecciones o informes generales, sólo se pronuncia sobre casos, por lo que mal haría en hacer una valoración institucional”, afirmó.

Detalló que un comentario suyo no tendría mayor importancia, “creo que lo relevante es que la Corte sigue de cerca la situación de México a partir de casos, y que ha tenido audiencias públicas aquí hace cinco años”.

En cuanto a las recomendaciones legislativas que pudieran incorporar en Yucatán y el país en materia de derechos humanos, Diego García-Sayán dijo que “no nos sentimos facultados para indicarle a un país soberano qué normas deben tener; lo que sí está en nuestra obligación y competencia, porque está en el tratado, es el que las autoridades, en su comportamiento cotidiano, cumplan con los tratados internacionales, y que se vaya perfeccionando y afinando la legislación en los ámbitos que sean pertinentes”.

“Hoy día los jueces del país tienen la obligación, como lo ha dispuesto la Suprema Corte, de aplicar el control de la convencionalidad, lo que quiere decir que sus decisiones tienen que ser compatibles con la Constitución federal y con la Convención de Derechos Humanos... se trata de un reto enorme”, señaló. 

El origen

• En 1969, en Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que delegados de estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978.
• Se dispuso que dos órganos conocieran de las violaciones a las garantías: La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Acaban con escepticismo

Al encabezar ayer la mesa de diálogo posterior a la inauguración del seminario, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, explicó que cuando se creó este organismo había escepticismo sobre cómo haría para cumplir sus sentencias.

Recordó que la relevancia de las sentencias de la Corte terminaron ese escepticismo, ya que actualmente sus definiciones se refieren a una variedad de gamas y temas, y se han ido cumpliendo a lo largo de esas décadas, generando una interacción y creando derecho, jurisprudencia por parte de los jueces como fuente de la aplicación del derecho.

“Si se revisan la gama de temas de las decisiones de la Corte, éstas han tenido repercusión inmediata, como Ley de Amnistía, se ha reafirmado el acceso a la información, a la libertad de expresión; llevó incluso a una reforma en Chile y ha tenido impacto en los derechos de los pueblos indígenas, la no discriminación en todos los ámbitos y otra serie de temas de temática frondosa y extraordinaria repercusión.

Yucatán apuesta por las garantías individuales

Mientras tanto, el gobernador Rolando Zapata Bello afirmó que en Yucatán se trabaja de forma constante para generar mecanismos jurídicos que salvaguarden los derechos humanos de grupos vulnerables y de todos los ciudadanos, “pues sólo así se podrá conseguir el bienestar que asegure las garantías y libertades individuales de los yucatecos”.

El mandatario estatal mencionó que el intercambio de opiniones entre ciudadanía y autoridades es un ejercicio que en el Estado se realiza de forma constante para contribuir al debate jurídico de América.

“El diálogo enriquece, y cuando es establecido por expertos en la materia, por autoridades académicas, panelistas reconocidos y organismos internacionales con amplia experiencia, hay que estar atentos, aportar y sumarnos”, indicó.

Habló del trabajo del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo del nuevo sistema de justicia y los medios alternativos de solución de controversias, con el objetivo de contar con un sistema más ágil, efectivo y que genere confianza entre la población.

“Cada uno de los objetivos que nos hemos trazado para consolidar un Yucatán seguro, con certeza jurídica y patrimonial, está enmarcado por un apego absoluto a garantizar el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía”, sostuvo.

Poder Judicial del Estado asume defensa del respeto a la integridad

Por otro lado, el magistrado presiente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJE), Marcos Celis Quintal, señaló ayer que México vive un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, ya que el nuevo sistema constitucional ha puesto en el centro de su existencia a las garantías individuales.

“La LXI legislatura federal aprobó la reforma para establecer el nuevo régimen constitucional de derechos humanos, lo cual es de relevancia para el futuro de México, y en el cual estuvo involucrada, desde luego, la Cámara de Diputados”, señaló. 

Celis Quintal destacó que “los juzgadores locales asumimos con entusiasmo nuestro nuevo papel como primera línea de defensa de los derechos humanos de todas las personas en Yucatán”.

“Debo decir que uno de los objetivos principales del Poder Judicial de Yucatán es precisamente ése”, apuntó.

Sostuvo que “se pretende que el lenguaje de los derechos esté plenamente implantado en el inconsciente colectivo de la judicatura local y creemos que el diálogo jurisprudencial que ahora llevaremos a cabo es un paso más en esa dirección”.

El presidente del TSJE aseguró que en Yucatán existe un respeto irrestricto de todas las autoridades por los derechos humanos, pues es la mejor garantía para permitir el adecuado florecimiento de una realidad que enriquece a los ciudadanos, que pueden entonces, vivir en paz, en un estado de leyes e instituciones.

“Yucatán es un Estado donde nada ni nadie está por encima de los derechos de las personas, donde no habrá regresión en el avance de la protección de sus derechos fundamentales, donde el Poder Judicial confirma que éstos son los principios que guían su actuación cotidiana”, afirmó.

Por su parte, el magistrado Jorge Rivero Evia refirió una serie de elementos que conforman hoy el marco en el que se sustenta el respeto a los derechos humanos, así como la materia de convencionalidad que aparece como una jurisdicción supranacional.