Cuando apenas empezaban a calmarse los ánimos de los maestros jubilados del Isstey por el caso de convertir en UMA el cálculo de sus pensiones y los que recientemente reclamaron el talón de pago del mes de septiembre que no se les proporcionó, ahora, las llamas vuelven a avivarse poque sin decir “agua va” el Instituto de Seguridad Social les aplicó un descuento en el monto de su pensión sin precisar el concepto, dejándoles una pensión rasurada que los meterá en apuros para cumplir con sus compromisos de pagos que de por sí son muchos, sobre todo para quienes tienen que comprar las medicinas que el IMSS no les surte.

Una de las maestras inconformes mostró como prueba el talón de pago de octubre, en donde se ve claramente que del monto de su pensión de 21 mil 769.80 pesos que cobra regularmente le fueron retirados 4 mil 166.67 pesos por un descuento que no se desglosa ni se aclara en dicho talón; al final solo le fueron depositados 17 mil 603.13 pesos, una cantidad que tiene un faltante adicional de mil 350 pesos, respecto de los 2 mil 816.67 que le descontaban cada mes. Cabe hacer la aclaración de que la maestra cobra su pensión con el monto tope que señala la ley; en otros casos, diferentes jubilados manifiestan que les fueron retiradas cantidades iguales o menores que la expuesta, esto es porque dicho descuento se aplicó de manera proporcional al monto de la pensión de cada uno en particular. La directora del Isstey dio una explicación de este hecho (Novedades Yucatán, 31-Oct-19) con la esperanza de dar tranquilidad a los jubilados y pensionados del Instituto que, por las cantidades que reciben mensualmente, las cuidan para que les rindan y cumplan puntualmente con sus gastos.

Parece que a los jubilados les llueve sobre mojado, ahora unos 600 de ellos que pertenecen a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado reclaman y exigen la salida de su presidente, Henry Gómez Rodríguez, por diversas irregularidades en el manejo de las cuotas que aportan para mantenimiento de esa organización. En primer lugar se niega a convocar a una asamblea general aduciendo que tiene el apoyo de todos los integrantes de la asociación; sin embargo, existe una gran número que no está de acuerdo con su trabajo y le exige que deje el cargo, ya que, según la claúsula 8 de sus estatutos, con el 10 por ciento de ellos que lo soliciten, él está obligado a convocarla y esto no sucede.

Lo acusan igualmente de querer expulsar a varios socios por manifestar su inconformidad cuando el estatuto, en su claúsula 9, dice que solo se les puede sacar por hechos fraudulentos o dolosos contra la misma asociación; por este motivo ya le han interpuesto 2 demandas judiciales con fecha del 8 de febrero del 2018, mismas que la Fiscalía del Estado tiene congeladas. Mencionan que en una asamblea realizada el 23 de julio pasado decidieron destituirlo. Así las cosas para este grupo de personas que ya jubilados debieran llevar una vida más tranquila y no estar luchando porque se les respeten sus derechos y pensiones.