Juicio oral, en riesgo de atrasarse

El plan es iniciar en septiembre próximo, incluyendo Mérida. El acuerdo fue que comenzara a funcionar en tres etapas.

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El nuevo sistema penal oral entraría en vigor hasta septiembre en los últimos 25 municipios. (Milenio Novedades)
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Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Alejandro Celis Quintal, señaló que las diversas instancias involucradas en la implementación del modelo de justicia adversarial se reunirán para determinar si habrá un aplazamiento en la aplicación del sistema penal oral en los últimos 25 municipios de la entidad, que incluye Mérida.

Agregó que se hará un análisis exhaustivo de la infraestructura en cuestión de salas de oralidad con las que se cuenta para tomar una determinación sobre el aplazamiento en cuestión, ya que todavía no se ha construido el centro de justicia oral, que estará ubicado en un terreno frente al penal meridano, y que albergará ocho salas de oralidad.

El reto para el Poder Judicial, señaló el magistrado presidente del TSJE, es la consolidación del modelo de justicia adversarial y oral, ya que a partir de septiembre se aplicará en los últimos 25 municipios, aunque se prevé la posibilidad de que en la capital yucateca haya un aplazamiento.

Los tres Poderes del Estado firmaron un acuerdo para que el nuevo sistema penal comience a funcionar en tres etapas, el primero entró en vigor a principios de noviembre de 2011.

El Poder Judicial realizó también una nueva organización territorial para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el cual quedó integrado por cinco distritos judiciales: el primero con sede en Mérida, el segundo con base en Kanasín, el tercero en Tekax, el cuarto en Umán y el quinto en Valladolid.

Si bien en el mapa del cambio en materia penal Yucatán lleva poco más de las dos terceras partes con este sistema, en 2013 el desafío es todavía mayor, con la integración de la capital yucateca, Mérida, una metrópoli regional que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años, lo que se traduce en una demanda más creciente y efectiva de impartición de justicia, ya que se lleva más del 70 por ciento de los procesos penales de toda la entidad.

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