Israel Cárdenas/Mérida

La inconformidad en Yucatán por los actos de corrupción de la Procuraduría Agraria incrementó ayer con una manifestación de 38 ejidos ante el Congreso del Estado para exigir a los diputados que intervengan contra los excesos del enlace de la citada dependencia del Gobierno Federal, Alfredo Ramírez Gómez, a quien responsabilizan de operar denuncias en contra de ellos para dejar sin efecto las asambleas de cambio de destino en las que aprobaron ceder tierras a particulares.

En sesión plenaria, los legisladores por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas Mena, y de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié, acordaron que el Poder Legislativo intervendrá en el asunto y se reunirán con los comisarios ejidales el próximo martes 5 de noviembre a las 12:00 horas.

Ayer por la mañana, 38 ejidos de Yucatán protestaron ante el Congreso local, encabezados por los comisarios ejidales de Dzununcán, José Ariel Cetz Celis; de Chocholá, Maritoña Flores Rosado; de Cholul, Rusel de Jesús Pech Puc; de Seyé, José Francisco Burgos Pech; de Tecoh, Mauro Manzanero Chan; de Hunucmá, Mario Mex Uicab; de Tetiz, José Manuel Cool Cuá, y de Cheumán, José Francisco Ucán Canché.

Asimismo, acudieron personas de Ixil encabezados por el ejidatario José Encarnación Filomeno Tejero Poot y el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Izamal, Fidencio Ucán Ku, quienes responsabilizaron al enlace de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Alfredo Ramírez Gómez, de operar denuncias en contra de estas comunidades con el objetivo de dejar sin efecto las asambleas.

En entrevista, el ejidatario y asesor del ejido de Dzununcán, Marcelino Díaz Abán, señaló que en dicha zona comunal el enlace de la Procuraduría Agraria, Alfredo Ramírez, protege a cinco personas que de manera fraudulenta se adjudicaron 216 hectáreas, y que ante lo cual el ejido interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

“El problema que tenemos es que un grupo de cinco personas defraudó al ejido de Dzununcán, pues alegan que obtuvieron 216 hectáreas a cambio de otorgar 17 millones 280 mil pesos al comisariado ejidal para repartir equitativamente, eso no es cierto”, afirmó.

Explicó que “ellos dicen que esta venta se realizó el 16 de junio de 2016, lo cual no es cierto, en ese momento era comisario ejidal Eleazar Bacab Fuentes. Nosotros expusimos esta situación ante la Procuraduría Agraria, pero el enlace Alfredo Ramírez no nos hizo caso y por ese motivo recurrimos a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia penal”.

En este sentido, Díaz Abán precisó que la querella fue interpuesta en contra de José Rafael Martínez Peón, Ricardo José Martínez Peón, Antonio Esteban de Jesús Canto Molina, Ricardo Enrique Canto Gutiérrez y Fernando Alonso de la Cámara Thomas.

“La Procuraduría Agraria no nos hace caso, nos dicen que no nos atenderán, sino que se entenderán con las cinco personas que cometieron el fraude, y por eso nos fuimos a denunciar a la Fiscalía General del Estado”, agregó Marcelino Díaz.
Ante esta situación, el entrevistado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que proceda con la investigación de la denuncia y aplique las sanciones correspondientes en contra de las citadas personas. Agregó que en este momento al ejido de Dzununcán se integra por 170 personas y que quedan 450 hectáreas de uso común.

Sobre este tema, el comisario ejidal de Dzununcán, José Ariel Cetz Celis, explicó que para que una persona pueda tener derecho a un terreno primero debe estar avecindado en la población, y que a su vez, para lograrlo, es necesario que el comisariado y los ejidatarios acepten.

“El 16 de junio de 2016 se realizó una asamblea, ya que una persona llegó con la promesa de comprar 100 hectáreas, pero dicho proceso fue amañado, toda vez que el ejido aceptó a estas personas como avecindados y ejidatarios para que puedan tener derecho a tener tierras de uso común, y luego aprovecharon para inventar otra asamblea que fecharon por el mismo día”, precisó.

José Ariel Cetz dijo que lo anterior “fue bajo engaños, diciendo que ese mismo día se autorizó un contrato de usufructo, cuestión que nunca se realizó ni mucho menos se recibieron 17 millones 280 mil pesos como dicen, se tomaron 902 mil pesos para aceptarlos como avecindados y ejidatarios, y por ese motivo interpusimos una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado”.