Nalleli Calderón/MÉRIDA
Desde este viernes, todo aquel ciudadano que haga mal uso de la línea telefónica de los servicios de emergencia por medio del 9-1-1, recibirá una sanción económica de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de mil 200 a 8 mil 400 pesos, o de 24 a 36 horas de arresto. 

Lo anterior entró en vigor con la publicación del Decreto 166/2020, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por el que se modificó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia del uso indebido de los sistemas de emergencia telefónicos a través de llamadas falsas o inoperantes.

Datos de la estadística Nacional del Número de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a septiembre de 2019, indican que se registró 57 millones 496 mil 022 de llamadas.

De ese total, el 79 por ciento, o sea 45 millones 446 mil 577, fueron improcedentes o falsas y sólo alrededor del 21 por ciento, 12 millones 049 mil 445, fueron procedentes.

El panorama en las 32 entidades federativas, en su mayoría es similar, pues el porcentaje en el número de llamadas falsas es mucho mayor al de llamadas procedentes para su atención, lo que ocasiona pérdida de tiempo necesario para la atención de verdaderas emergencias.

Llamadas falsas

En el caso de Yucatán, durante el lapso mencionado, se recibió un millón 148 mil 707 de llamadas a través del 9-1-1, el 74 por ciento, lo que representó que 849 mil 618 fueran calificadas como improcedentes al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias, o bien llamadas no contestadas o falsas.

El 26 por ciento restante, es decir, 298 mil 663.82 llamadas, fue procedente.

De las llamadas procedentes, el 69 por ciento (206, 078.03) fue por temas de seguridad, el 11 por ciento (32,853.02) fue por médico, el 7 por ciento (20,906.46) de protección civil, el uno por ciento (2,986.63) por servicios públicos y 11 por ciento más (32,853.02) por asistencia.