Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La Fiscalía General del Estado entregó el citatorio para el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, en un predio del fraccionamiento Campestre, con lo que se cumplió con la notificación para que el exfuncionario comparezca el próximo 6 de junio ante la Procuraduría de Justicia de esa entidad.

La fiscal Celia Rivas Rodríguez expresó que en el caso del extesorero tabasqueño, éste tiene negocios en Yucatán e incluso tramitó un amparo contra las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República en su contra, el cual todavía está por resolverse.

La funcionaria confirmó que la dependencia colabora con la Procuraduría de Tabasco en el caso contra el exgobernador de esa entidad, Andrés Granier Melo, y el exsecretario de Finanzas, Saiz Pineda, pero hasta ahora sólo consistió en hacer llegar un citatorio al segundo para que se presente a declarar ante el Ministerio Público de esa entidad.

El yucateco Alberto Martín Medina Sonda estaría involucrado como socio comercial de Saiz Pineda, por lo que también se le investiga en el presunto desvío por más de 1 mil 200 millones de pesos de las arcas tabasqueñas.

Medina Sonda estaba incluido en la lista de proveedores del anterior Gobierno tabasqueño con su empresa “Profesionales de Consultoría Fiscal y Patrimonial”, y con ayuda de la Procuraduría de Justicia de Tabasco armó un expediente por robo en contra de su ex esposa para meterla a la cárcel en esa entidad y aprovechar esa situación para quedarse con la custodia de los hijos.

El empresario yucateco ha sido señalado por su ex esposa, Emma Molina Castro, quien denunció la presunta sustracción ilegal de sus hijos en mayo de 2012 y argucias legales para quitarle la custodia de los menores, por lo que ahora está prófugo de la justicia porque la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó esa situación y ordenó la entrega de los niños a su madre.

Además de tener negocios con los políticos tabasqueños el sujeto es asesor jurídico de varias empresas en Yucatán, Veracruz, Distrito Federal y Baja California.

Aunque por ahora se apoya a las instancias judiciales de Tabasco, aún no se actúa contra las cuentas del yucateco inmiscuido ni de los exfuncionarios mencionados.