Agencias
MÉRIDA, Yuc.- Yucatán se colocará a la vanguardia en la defensa de los derechos de sus comunidades indígenas al poner en función la figura del juez maya, que será mediador de los problemas en esos sitios.

Según publica Notimex, la directora del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (Indemaya), Elizabeth Gamboa Solís, señaló que el programa Juez Maya se implementará en el primer semestre del año en los 106 municipios de la entidad.

Estos, explicó, serán auxiliares en la impartición de justicia, y su trabajo podrá influir en la decisión del juez de exonerar o castigar al inculpado.

En esta instancia, destacó, se cuenta con tres personas certificadas para ser intérpretes en los juicios, además de dos abogados que pueden participar cuando uno de los procesados sea mayahablante.

La funcionaria dijo que para la elección de este juez se publicará una convocatoria que marcará el perfil que deben cubrir las personas interesadas, y entre los requisitos está ser licenciado en Derecho, ser una persona respetada y reconocida moralmente.

"En muchas ocasiones se acusa a una persona de robo sin ser el responsable, y por su condición de mayahablante no se puede defender ni entiende su posición, situación que le perjudica, pues en ocasiones son condenados sin ser culpables", aseguró.

Proyecto en revisión

Por ello, resaltó, en el Indemaya se le dio prioridad a este grave problema, planteando este proyecto que es único en el país para atender la situación de los pobladores indígenas y evitar que lleguen a la cárcel por no poder defenderse de manera adecuada.

El plan, detalló en entrevista, está en corrección y se desarrolla con la Dirección Jurídica del Gobierno del estado, a fin de ponerlo en función en el primer semestre del año.

Gamboa Solís aclaró que la dependencia ya brinda apoyo, no solo de manera jurídica a la población maya, sino que en caso de tener el acusado derecho a fianza, se ayuda económicamente a la familia para que obtenga su libertad.

"La instancia estatal no paga totalmente la fianza, todo depende de la situación económica de la familia, si ellos están en la posibilidad de aportar el 50 por ciento, aportamos la otra parte", enfatizó.

Expuso que en el instituto se apoya al acusado, cuando éste muestra un expediente limpio, sin tener denuncias anteriores y no haber sido juzgado con anterioridad por otro delito.

Refirió que en los primeros tres meses de la nueva administración estatal, anotó, se han tendido 39 casos penales de personas de comunidades indígenas.