De nueva cuenta el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) es puesto en alerta roja, esta vez por Olga Rosas Moya, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Yucatán, quien, en días pasados, advirtió que los fondos de dicha Institución no podrán soportar el pago de las pensiones otorgadas a sus derechohabientes en un plazo no mayor de dos años y que, para 2022, esta insolvencia puede llevar a una crisis financiera debido a las malas decisiones de administraciones pasadas que incumplieron con su obligación de aportar el monto establecido en la ley por concepto de cuotas patronales.

Cabe recordar que el Isstey, desde su creación, ha sido utilizado como la caja chica de los gobiernos estatales, quienes disponen de sus fondos para cubrir programas y otros proyectos que necesitan financiamiento de manera urgente.

El incumplimiento en la aportación de la cuota patronal ha acumulado enormes deudas al instituto, propiciando que, en algunos casos, dichos adeudos se pretendan cubrir dejando en garantía terrenos, como sucedió en la administración de Víctor Cervera Pacheco cuando, en julio de 2001, transfiere al Instituto las 162 hectareas de los terrenos de la “Monitora” con un avalúo bancario de 222 millones de pesos y, en 2018, en que Rolando Zapata dejó terrenos en Ucú para cubrir sus faltantes que ascienden a varios cientos de millones de pesos.

La insolvencia del Instituto es grave, pues, según algunas estimaciones, ni la venta de sus propiedades como el hotel Costa Azul en Chelem, las tiendas y otros predios sería suficiente para hacer frente al pago futuro de las pensiones actuales y las que se acumulen en los próximos años.

Con esta situación, ¿cómo pretenden pagar ahora con el tope de diez salarios mínimos acordados desde el 20 de diciembre de 2017 como establece el decreto 556 relativo a los esquemas de jubilación y pensión optativos y complementarios señalados en el artículo 74 de la ley, donde establece esquemas que no rebasen los 10 salarios mínimos vigentes.

Desde agosto pasado venció el plazo de 240 días para que entre en vigor esta nueva disposición y daba 90 días para que el trabajador solicite su inscripción en este nuevo esquema de jubilación.

¡Sorpresa! Ambos tiempos han vencido, y ahora ¿qué puede esperar el trabajador ante todo este problema?