El tema del transporte público y la necesidad de reformular todo el sistema del servicio en Mérida y el resto de Yucatán ha estado en el debate desde tiempo atrás, no es casual que haya sido justamente este tema el detonante de infinidad de protestas juveniles-estudiantiles y populares-obreras contra el alto costo del pasaje y la ineficiencia de las rutas-horarios, así como por el mal estado de los camiones y el trato discriminador e injusto que muchos usuarios padecen.

Ahora, con el Covid-19, el transporte público vuelve a estar en el centro del interés social por considerársele un foco de infección y propagación del virus, resurgiendo las denuncias contra el mal servicio, evidenciándose la urgencia de una reforma profunda que lo renueve, aunque también algunos de los comentarios realizados en torno al transporte y los usuarios han caído en franco racismo y discriminación por ser justamente el medio de transporte principal de la clase obrera y los sectores populares, quienes padecen los efectos y riesgos de la pandemia de forma más directa ante la necesidad-obligación de continuar laborando para así asegurar sus trabajos y ganar el sustento diario; es el proletariado el motor social generador de la riqueza sin cuya fuerza de trabajo el sistema verdaderamente colapsaría, pero, dado el carácter injusto imperante, son ellos y ellas quienes viven al frente de la batalla por la sobrevivencia, y esto naturalmente incluye a los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes también usan y padecen las deficiencias del transporte público.

Desde hace algunas décadas, hemos pugnado en las calles y en otras tribunas por una reforma integral del transporte, con la reformulación de las rutas, los horarios, los camiones modernizados que puedan garantizar el cuidado ecológico necesario al igual que la equidad social al prestar servicio a grupos vulnerables como los discapacitados, además de una necesaria reducción del precio del pasaje usando otras formas de pago-cobro (tarjetas inteligentes por ejemplo) y considerando las distancias recorridas por el usuario, más ahora que la crisis económica golpeará a los trabajadores y trabajadoras directamente.

Es necesario, al hablar de nuevas tarifas, hacerlo también de mejores condiciones de trabajo (sueldos y prestaciones para los choferes, mecánicos, checadores y demás trabajadores, varios estudios han formulado la posibilidad de un cambio en el servicio, que por el momento está concesionado en manos de particulares, pero es responsabilidad del Estado. Es tiempo de acabar con los acuerdos entre empresarios y autoridades que generan beneficios privados y empobrecen al pueblo, corresponde superar la lógica de acumulación de riqueza en detrimento de la mayoría social y dejar atrás la criminalización que se practica en este contexto adverso sobre los usuarios, acusándolos de irresponsabilidad y negando las condiciones reales de un sistema de transporte público ineficaz y francamente superado en la desventura del coronavirus que afrontamos.

El transporte debiera ser estatalizado, garantizando un servicio acorde a las necesidades de los usuarios, pues los trabajadores generamos la riqueza con la que podría sustentarse.