Instaurar la justicia en el país es un proceso complejo que requiere de voluntad político-social; conjugar las acciones a favor del esclarecimiento de lo acontecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, requiere romper con las estructuras de corrupción que han obstruido los procesos de investigación en torno a los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y de las seis personas asesinadas. Sanar las heridas nacionales es un requisito para poder hablar de una nueva etapa en la sociedad mexicana.

Al iniciarse el actual gobierno federal se firmó un decreto para crear la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa; el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que todas las instituciones relacionadas se pusieran a disposición de la verdad; sin embargo, nuevamente el tiempo pasa y reiteradamente contamos los días de la impunidad. La sociedad se mantiene vigilante de los procesos que se instauraron, las medidas que se toman y sobre todo de que realmente los actos que se efectúan estén dirigidos al esclarecimiento de lo sucedido.

La justicia no vendrá del cielo, los reclamos sociales lograron que se firmara el Decreto para la Verdad, miles de mexicanos, junto al apoyo expresado desde diferentes lugares del mundo, pusieron el tema en la agenda política del gobierno, esas mismas voces encarnan el interés y la permanente demanda de que al fin se hable de justicia en México. La verdad no es un acto que baje desde la pirámide vertical del poder, es la expresión de la voluntad social organizada de manera horizontal para dar luz a esta noche espesa y sombría de la desaparición de los normalistas.

Todos quienes sentimos Ayotzinapa como algo nuestro deseamos que el crimen de Estado sea juzgado con la profundidad necesaria y los culpables paguen por su participación. Ya han pasado seis años, ¿acaso es necesario que transcurran otros más para hablar de justicia? Es por demás urgente y necesario poner fin a la violencia sistémica que desde los años sesenta se aplica e impone sobre los movimientos sociales, los activistas y ciudadanos conscientes que levantan la voz para exigir mejores condiciones de vida. Establecer la justicia en Ayotzinapa sería un paso para frenar la guerra sucia.

Los años pasan y se acumulan, seis se escribe con cuatro letras pero se pronuncia como una eternidad; nunca se podrá restituir la musicalidad al número revestido de dolor, incluso cuando los hechos queden todos al descubierto, no se borrará la asociación trágica entre verdad, crimen de Estado, desaparecidos, impunidad, Ayotzinapa y las largas noches reiteradas como un constante malestar. Septiembre es un mes marcado en nuestra historia por mucha carga de inhumanidad. No es para menos la cercanía que hay entre Tlatelolco y Ayotzinapa, sin importar los kilómetros de distancia física; en la geografía de impunidad las palabras guerra sucia, genocidio, represión y lucha popular se entrelazan en la continuidad cómplice de la bota militar que pisa hasta el fondo en cada una de las venas abiertas de nuestros pueblos lacerados. Ayotzinapa sigue siendo esperanza y ejemplo.