¡Bla, bla bla... como siempre, nada concreto!, era la manera de burlarmos de los funcionarios de la SEP -en los años de 1985 a 1987, cuando éramos dirigentes del Consejo Ejecutivo Nacional de la Unificación Nacional Estudiantil de los Institutos Tecnológicos- ante las evasivas y documentos por aquí, documentos por ahí y más burocracia, a nuestras juveniles pretensiones de: a) que el director general de los institutos tecnológicos fuera un egresado de un tecnológico y no alguno del Instituto Politécnico; b) que se creara una institución concentradora que integrara orgánicamente a los institutos tecnológicos y que gozara de autonomía, tal como las universidades; c) que la inversión que ejecuta el estado, por estudiante de ingeniería, fuera equivalente entre las universidades y los tecnológicos; d) reconocimiento legal de las organizaciones estudiantiles.

Después de horas de debates y reflexiones, siempre llegábamos a las mismas conclusiones: 1) que el presidente de la república, el secretario de educación, los senadores y diputados eran egresados de las universidades, por eso se agandallaban todo, y por lo tanto no les importaba nada de lo que pasara en la vida académica de los tecnológicos; 2) que los directivos egresados de los tecnológicos eran de bajo nivel y su única preocupación se centraba en lograr plazas para sus familiares; 3) que los cambios que afectaban a los estudiantes siempre nos los aplicaban en las vacaciones desembridas, tiempo en que la comunidad estaba desmovilizada y desintegrada.

La respuesta del estado que generalmente recibíamos era: I) extraviar los expedientes académicos para no poder inscribirse en el siguiente semestre y evitar la participación en las elecciones estudiantiles; II) la recomendación de los directores a los maestros “amigos” para aplicar exámenes a la medida a los dirigentes estudiantiles incómodos, etc.

Creo que teníamos razón cuando exigíamos la existencia de un comité de gobierno y un consejo técnico y académico, en el que participaran los estudiantes y que revisara el ingreso de los maestros; se habría evitado la represión de la que eran objeto los líderes honestos, tampoco no se habría extraviado parte del patrimonio escolar, ni siquiera padecerían los actuales estudiantes a muchos de los hijos y hermanitos de aquellos directores y su séquito -de manera análoga a que la sociedad en su conjunto padece a los nuevos políticos hijos de los anteriores, y a los nuevos narcotraficantes, también hijos de los anteriores-, y lo que pasa en la escuela permea en toda estructura social y se reproduce.

La Ley General de Educación Superior aprobada en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados no establece la representación estudiantil de manera específica en cada unidad educativa, tácitamente no existe reconocimiento, se está igual que en 1986, que ocasionó estudiantes reprimidos y expulsados, solamente lo permite, en una instancia muy lejana y fuera a la realidad escolar, en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y con tres estudiantes por subsistema: tres de las universidades, tres de la educación tecnológica y tres de la educación normal.