Ya en publicaciones anteriores había hablado del serio problema del gobierno dirigido por López Obrador con respecto a su política de austeridad, que, en términos generales y con las consideraciones de gobiernos anteriores, era lo que muchos mexicanos queríamos y esperábamos; sin embargo, esa austeridad se ha convertido en una verdadera austeridad suicida, una cantidad de recortes a todo lo que se pueda, no se discrimina si es un gasto superfluo o es un gasto esencial; no importa si el gasto era una comida de un chef especial para los investigadores de Conacyt o una partida para la atención de víctimas de secuestro.

Sin duda estamos en un tiempo de crisis sin precedentes, una crisis de carácter mundial que no se pudo prever, pero que tampoco se está percibiendo que se esté atendiendo de una manera correcta.

El presidente López ha demostrado lo que sus detractores decían desde hace años: que tiene ideas viejas, que no acepta las críticas de oposición -incluso si son de su equipo-, que no quiere mirar al futuro, que tiene un complejo de persecución, entre otras.

El desgaste de su imagen pública sólo es un pequeño reflejo de lo anterior, pero esto no ha sido suficiente para replantearse su estrategia, y ese tan temido ¡Sí señor! de los 70´s, 80´s y 90´s ha regresado.

El más reciente macro recorte le tocó al Instituto Nacional de las Mujeres, que perdió 151 millones para el ejercicio 2020; el gobierno de México afirma que esta reducción aplica únicamente a las cuentas de materiales, suministros y servicios generales y que los programas no están en riesgo, algo que podría tranquilizar a todas las personas que no conocen a fondo cómo funciona la maquinaria de la administración pública, ya que, aunque no recortaran el recurso humano, lo dejan sin herramientas para poder desarrollar su quehacer. Se acaba el dinero para comprar materiales de papelería que se siguen utilizando, aunque se esté trabajando desde casa, combustibles para hacer gestiones y traslados, arrendamientos -si se tenían oficinas en esta modalidad se tendrán que abandonar- y todos los servicios profesionales que en muchas ocasiones son la maquinaria del sector público, ya que los sindicalizados no siempre se quieren comprometer. Es así como el presupuesto del programa está, pero todos los engranes para operarlo no, haciendo de esto un rotundo fracaso de planeación de la administración pública.

Lo anterior sería menos grave si lo aplicaran a una institución gubernamental con menos actuación durante la pandemia, pero en el caso de Inmujeres es una señal inequívoca de que al gobierno de López le importan las mujeres en el discurso, pero no en las acciones, que la violencia contra las mujeres durante la pandemia no merece ser solucionada y que la violencia de género una vez más no es prioridad ni para éste ni para ningún gobierno anterior.