Las desavenencias, la falta de estrategia, coordinación e implementación en materia de seguridad cada día se está evidenciando más en el gabinete del presidente López Obrador.

Es cierto que en algunos lugares del país las administraciones anteriores dejaron una situación de emergencia, en donde el contubernio de las autoridades con grupos del crimen organizado se fue amalgamando, a tal grado que en algunas entidades no se sabe dónde empieza la autoridad y dónde el dominio de los grupos delincuenciales.

El gobierno de López Obrador ya llevaba, según datos del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, en la medición de diciembre de 2018, un registro de 2 mil 410 homicidios dolosos.

En noviembre del mismo año, último mes de la administración de Peña Nieto, sucedieron 2 mil 337.
La primera matanza del gobierno de la Cuarta Transformación fue en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, donde los marinos descubrieron 25 cuerpos, varios de ellos calcinados o semi calcinados.

En Playa del Carmen y en Cancún sendos grupos armados mataron cada uno a siete personas. Eso sin contar los 93 muertos en el incendio de un ducto en Hidalgo.

Si bien es cierto que el problema de la inseguridad es heredado de administraciones anteriores, también es cierto que los muertos a partir de diciembre de 2018 se los van a contabilizar a López Obrador.

Es importante que informe al país cómo nos encontramos en materia de inseguridad, pero los ciudadanos quieren de la misma manera escuchar resultados, sin ambigüedades.

Llama mucho la atención que en los últimos sucesos violentos la intervención de la autoridad sea escasa o casi nula, pareciera que no se desea intervenir o implantar protocolos de seguridad para imponer el orden y evitar tragedias como la que se vivió en Tlahuelilpan, en donde 93 personas murieron calcinadas cuando explotó el ducto del que robaban gasolina ante la mirada de los elementos de seguridad.

Parece que se está permitiendo que las tragedias aumenten, para luego poder justificar la creación de la Guardia Nacional, en donde los mandos operativos estén bajo la regulación militar, aunque la ONU y defensores de derechos humanos han advertido que la militarización tiende a incrementar la violación a los derechos humanos.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien representa el ala moderada en seguridad en la administración de AMLO, ya perdió la batalla, puesto que él le apostaba a la creación de una Guardia Nacional no militarizada, e incluso desde ahora ya anunció que desea buscar la gubernatura de su natal Sonora, deslindándose anticipadamente de lo que suceda con la corporación, y quien gana es el ejército.

Por otra parte, se menciona con insistencia que la diputada Cecilia Patrón Laviada sería quien encabece el Comité Municipal del PAN en Mérida.