La semana pasada comentamos que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado la nueva Ley General de Población que abrogaría la de 1974; la razón que sustenta dicha iniciativa es la de contar con una nueva cédula única de identidad digital; sin embargo, surgen un sin número de interrogantes cuando analizamos con detenimiento la ley aprobada y de verdad que esperamos que los senadores sí se tomen muy en serio lo que se pretende introducir so pretexto de la cédula, para que la rechacen y no acaben con libertades fundamentales de los mexicanos.

¿Recuerdan que de por medio está un jugosísimo cheque del Banco Mundial por 225 millones de dólares? Este “generoso” apoyo se dio a México si facilitaba un sistema digital de inclusión.

Cuando se habla de inclusión, generalmente nos vienen a la mente grupos sociales que no están gozando de los mismos derechos que todos los demás; citamos sólo algunos ejemplos: las personas con discapacidad que no encuentran oportunidades de empleo, que no gozan de la misma movilidad ya que no se cuenta con rampas o elevadores en los edificios; pensamos también en las personas pertenecientes a algunas etnias que no encuentran traductores en su idioma para tener acceso a la justicia; o los adultos mayores que precisan de atención especial o no cuentan con vivienda y servicios de salud en la época de su vida que más lo necesitan, y qué decir de la población en pobreza la cual ni siquiera servicios de agua tienen.

En este ejercicio hemos hablado sólo de cuatro grupos marginados: discapacidad, indígenas, adulto mayor y pobres; por supuesto que hay más pero proporcionalmente a la población total son los que representan la mayoría. ¿Pero qué creen? En la ley de población estos grupos no interesaron demasiado, se han centrado más en cómo facilitar que se extermine a la población y no en cómo preservarla.

Comentan en los antecedentes que se basan en la Conferencia del Cairo que abandona la política de población basada en el control natal para dar paso a una política basada en derechos humanos, el bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible y con énfasis en la salud sexual y reproductiva como derecho fundamental.

¿Y qué tenemos? Pues una iniciativa totalmente sesgada, de todo lo dicho anteriormente lo que pesa para los legisladores promoventes es: la potenciación de género y la salud sexual y reproductiva; para lo primero pretenden borrar el sexo para dar paso a las percepciones subjetivas de una realidad biológica y comprobable, y para lo segundo se abandona la salud para imponer como un nuevo derecho el aborto, utilizando la excusa de los derechos sexuales y reproductivos que en papel se pueden leer fácilmente pero que de derechos no tienen nada, tan sólo se trata del eufemismo del aborto pues no promueven la salud sino todo lo contrario.

El elenco de derechos está en nuestra Constitución, el aborto no figura, los “derechos sexuales” tampoco. Tenemos consagrado el derecho a vivir libres, por lo cual elegir -lo que sea- es parte del ejercicio de la libertad, nuestras elecciones lícitas no tienen problemas, las ilícitas sí. ¿Que no hay control natal? La promoción de anticonceptivos es justo eso. El artículo 22 constitucional prohíbe la pena de muerte ¿Qué le impone el aborto a un ser humano en gestación? Eso… la pena de muerte.

Todavía tenemos por analizar otros puntos de dicha iniciativa, lo veremos la próxima semana.