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Después de dos sesiones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron la acción de inconstitucionalidad en materia de objeción de conciencia, y muchos se estarán preguntando qué hicieron y cuáles serán sus efectos.

En palabras lisas y llanas: degradó a los profesionales de la salud que se nieguen a ejecutar ciertas acciones; el derecho de libertad de conciencia quedó restringido al plano personal y no podrá invocarse cuando de los intereses de los ministros se trate, perdón, quise decir de las mujeres que quieran un aborto.

Los ministros han proclamado un nuevo derecho humano, se lo sacaron de la manga ya que no se encuentra respaldado en ningún sitio, sólo en su dicho, el derecho de privar de la vida a un bebé en gestación si la madre quiere.

Diez ministros se necesitaron para tirar el andamiaje legislativo del país que protege la vida desde la concepción, ocho fueron suficientes para eliminar la objeción de conciencia cuando de aborto se trate.

Estamos ante un escenario inédito, en donde los derechos humanos dejan de tener como fin la dignidad del ser humano y en su lugar se utilizan como medio para alcanzar fines muy particulares que responden a intereses globales.

Poco ha importado a la Corte resoluciones jurisprudenciales anteriores, tratados internacionales o nuestra propia Constitución; sus argumentos han sido poco objetivos, carentes de imparcialidad, más bien autoritarios y totalitarios para imponer sus intereses particulares, lo que nos obliga a preguntar ¿a quiénes sirven? Porque nos queda claro que para ellos los ciudadanos de nuestra nación no son su prioridad ni la Constitución, que han atropellado una y otra vez.

Hemos visto cómo se han doblegado a la agenda mundial abortista, acomodando sus argumentos a toda costa para favorecer esta práctica como legal en todo el país. ¿Cómo es posible que hayan pasado por alto la protección de la vida desde la concepción que expresamente se encuentra en el Pacto de San José, en su artículo 4º?

¿Cómo es posible que hayan restringido la libertad de pensamiento, conciencia y religión del artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿O del artículo 24 Constitucional que va en el mismo sentido? Es inaudito, ya no sabemos qué esperar de esta Corte.

Que para resolver las tres acciones recientes de inconstitucionalidad hayan declarado la supremacía del derecho de la mujer a decidir (que dicho sea de paso, como tal no se encuentra expresado en ningún sitio), nos resulta increíble; que para respaldar dicha acción hayan ignorado que el nasciturus (el que va a nacer) tiene los mismos derechos que su madre y como cualquier ser humano; que le nieguen su condición de persona nos hace entender que para los ministros el ser humano en gestación es una cosa y no un ser humano merecedor de toda la protección del Estado.

Con estas acciones la Suprema Corte se erige como un súper poder que ya legisla, agraviando la capacidad de 500 diputados, 118 senadores y a los congresos estatales que tienen la representación popular; derribando la soberanía y autonomía de cada Estado, ahora resulta que cuando les conviene pueden establecer sus propias leyes, pero si algo no les gusta, entonces siempre no.

Con todo lo que ha pasado, los ciudadanos nos tendremos que plantear la pregunta seria de si realmente vivimos en un país libre y soberano, y empezar con la acciones para actuar en consecuencia.

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