No creo que haya nadie en su sano juicio que le ponga un pero a las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabar con la corrupción rampante en las esferas públicas –en todos los niveles-, poner fin a la delincuencia organizada (huachicoleo y narcotráfico), elevar la cultura nacional y lograr que los jóvenes lean buenos libros (aunque aquí yo prefería verlos con buenas computadoras y herramientas tecnológicas que son consustanciales a su edad y hasta a su ADN si me apuran) y lograr un país de gente feliz son loables metas que suscribo sin miramientos.

Sin embargo, donde me parece que esos buenos propósitos se estrellan sin contemplaciones es con los métodos que pretende aplicar. Hace unos días, la secretaria de Gobernación, la notaria y ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, dijo –en el mismo tenor que su jefe- que en el bloqueo que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen en vías férreas de Michoacán, en demanda de que el gobierno les pague 5 mil millones de pesos que les adeuda, no van a usar la fuerza. “Habrá diálogo, y si se agota el diálogo, más diálogo”, dijo.

Nada más que en ese bloqueo los demandantes cometen un delito federal al ocupar vías férreas y perjudican a millones de personas que no tienen nada que ver en la falta de pago.

La imposibilidad de transitar en que se hallan los ferrocarriles que llevan mercancía, bienes de consumo e insumos para industrias instaladas en la región (incluidas las automotrices que son extranjeras y que no han de estar muy contentas con la inacción del gobierno) está creando un serio problema a México y pérdidas mil millonarias a la economía y no se va a resolver con diálogo, porque la otra parte no quiere eso sino saldar deudas políticas con el gobernador.

Es en casos como éste cuando es necesario que la fuerza del Estado se haga valer. Y no es que uno quiera que maten a los delincuentes, sino que se abran las vías y pueda circular la mercancía que urge hacer llegar a su destino.

También está la promesa de dar un dinero a quienes –como es el caso de los huachicoleros de Hidalgo- hurtan gasolina (otro bien de la nación) y que de ese modo ya no sigan delinquiendo.

Cosa más absurda no creo que haya. Pagarles para que no roben es una barbaridad de tamaño monumental. Otra vez, ahí lo que se necesita es la presencia fuerte del Estado para hacer prevalecer la ley.

No es por la vía del apapacho y el consentimiento como se va a lograr que esas personas entren al cauce de la legalidad. Menos sobornándolas.

Seguramente el presidente tiene muy buenas intenciones y unas ganas enormes de hacer de México un país donde, por el camino de la bondad y el amor, la felicidad se instale en el corazón de todos y cada uno de nosotros.

Se olvida, sin embargo, que muchos somos pecadores (algunos irredentos) y que solo con libros a bajo precio, consejos y paternales reconvenciones no va a lograr mucho.

Si así fuera, no tendrían caso las leyes y los tribunales, menos las fuerzas del orden.