La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –así se llama la ley fundamental de este país- es una maravilla en el papel. Es de las más avanzadas del mundo, según nos dicen los expertos, y en su prolijidad establece derechos de los ciudadanos que es obligación del Estado proveer y cumplir. Pero que en la realidad son una entelequia.

Hace unos días, mientras buscaba datos para la sección Historia en cápsulas de El poder de la pluma, dos artículos especialmente me hicieron reflexionar: el Tercero y el Cuarto, que consagran el derecho a la educación y el derecho a la alimentación, respectivamente, ambos más buenos deseos que realidad en México (eso es una entelequia).

El artículo 3º dice, por ejemplo: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

La realidad hace nugatorio –en lenguaje de jurisperitos- ese derecho, porque no hay los medios materiales ni los maestros suficientes para cumplirlo. La obligatoriedad es papel mojado. Si fuera como dice la ley, no habría ningún niño sin escuela, ningún joven fuera de las aulas de secundaria y bachillerato y los padres no tendrían que batallar para alcanzar cupo para sus hijos en los planteles. Tampoco veríamos en las calles a menores de edad en labores impropias, como la venta de cigarros hasta deshoras de la noche, o como “halcones” de los narcotraficantes. ¿O no?

El artículo 4º dice muy claramente: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Y además: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”.

¿Dónde ocurre esto? En México el Estado garante de que suceda también carece de medios para cumplir su obligación. Si así fuera, no veríamos a niños muertos de hambre, desnutridos y obesos (trágico contraste) o muriendo por falta de atención médica oportuna y medicinas adecuadas y suficientes.

Tampoco veríamos a madres luchando para conseguir un poco de comida con la cual aquietar las tripas de sus hijos o llevando agua contaminada a sus casas. O asistiendo impotentes al espectáculo desgarrador de un hijo que se va extinguiendo porque no pudo tener comida nutritiva o porque la diarrea lo devastó a causa de la debilidad de su organismo.

México es un país de leyes, sin duda. Y algunas inclusive modelo para el mundo. El problema es que no se cumplen y, por consiguiente, de nada sirven.