Uber es el nombre y el cuento de hadas va así: en una fría noche parisina del invierno de 2008, había dos amigos que por más que intentaban no podían conseguir un taxi. Frustrados por la situación y con el frío calándoles los huesos, ambos juraron ahí resolver el problema mediante una simple pero poderosa idea: oprimir unas cuantas teclas en un celular y en cuestión de minutos conseguir un viaje (servicio de taxi).

Con unos cuantos vehículos y un puñado de empleados, la idea que nació en una banqueta de París, fue lanzada en San Francisco, California, en el verano de 2010. Desde sus orígenes humildes el crecimiento de la compañía ha sido exponencial; a la altura de fenómenos como Google, Facebook o Amazon. Hoy, Uber está valuado en más de 60 mil millones de dólares, tiene presencia en más de 450 ciudades de 70 países, con 1.5 millones de conductores afiliados. Es innegable que esta idea está cambiando la estructura del transporte público en ciudades de todo el mundo. Los transportistas tradicionales pierden su condición de actores preponderantes ante un nuevo competidor que les disputa parte del pastel; los usuarios tienen más opciones de calidad y precio justo y se expande el mercado laboral para quienes quieran ser chofer de un servicio de taxi. En un mundo cada vez más sincronizado a las redes es una realidad que plataformas digitales como Uber llegaron para quedarse, por lo que las autoridades ante la nueva estructura del mercado tienen que acelerar su curva de conocimiento en cuanto a las regulaciones necesarias de aplicar.

En torno a este tema la semana pasada en un texto de mi autoría escribí que el gobierno estatal había recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para someter a la norma a los vehículos de Uber; corrijo: los pronunciamientos fueron producto de una impugnación promovida por diputados locales a diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado (en este sentido una disculpa por la imprecisión y juicio de valor que de ahí se pudo haber conjeturado, y muchas gracias a quienes me lo aclararon). En relación con el episodio Uber versus los taxistas, como ciudadanos queremos autoridades que, independientemente de credo político, establezcan reglas de juego que nivelen la cancha para todos los participantes; hacerlo a favor de uno o en perjuicio de otro sólo generará distorsiones de mercado que terminaremos pagando los usuarios.