Al momento de escribir estas líneas, Andrés Manuel López Obrador presenta su “paquete de iniciativas” para reformar la Constitución. Salvo filtraciones indiscretas en grupos de WhatsApp y redes sociales, no se conoce aún el contenido exacto de estos documentos enviados ya al Congreso de la Unión para su discusión y, si los números alcanzan, su aprobación y promulgación.

En pocas palabras, las iniciativas pretenden: 1) dar a los pueblos originarios un estatus especial y legitimación para emprender determinadas acciones legales; 2) elevar a rango constitucional los programas “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”, así como adelantar la pensión de adultos mayores a los 65 años de edad; 3) otorgar becas a estudiantes de todos los niveles que se encuentren en situación de pobreza; 4) garantizar la atención médica a todos los mexicanos; 5) que los trabajadores “sean dueños” de sus viviendas -¿a qué se refiere con esto?-; 6) prohibir el maltrato a los animales; 7) prohibir el fracking y la minería a cielo abierto; 8) prohibir el comercio de vapeadores y penalizar la extensión practicada por el crimen organizado; 9) no permitir que el aumento al salario mínimo sea inferior a la inflación; 10) revertir las reformas al sistema de pensiones que crearon el régimen del “97”; 11) disminuir a los consejeros del INE, y disminuir el número de diputados y senadores, así como que los magistrados electorales sean electos por la ciudadanía; 12) eliminar los Órganos Constitucionales Autónomos por ser “autónomos del pueblo”; 13) que los Jueces, Magistrados y Ministros sean electos por voto popular directo; 14) misceláneas relativas a la Guardia Nacional, salario para campesinos, entre otras.

Varias de estas pretensiones pueden alcanzarse con reformas legislativas por la mayoría oficialista. Sin embargo, dada la costumbre obsesiva del Estado Mexicano por poner todo en la Constitución, así como una predecible maniobra electoral, el Ejecutivo opta por recurrir a la vía que exige dos terceras partes de un Congreso que no controla.

A juicio de quien escribe esta columna y sin haber visto el contenido exacto de estas iniciativas, las iniciativas que realmente causarán un impacto positivo a la sociedad de ser aprobadas, y si en verdad están elaboradas por expertos en la materia, son las relativas al régimen de pensiones y la que devolvería (aparentemente) a CFE su carácter administrativo original, sacándola de la lógica de mercado con que se le ha considerado los últimos años.

Una reforma real al régimen de pensiones devolvería a cientos de miles de trabajadores su derecho a un retiro digno y justo, hoy ligado a un engorroso y caro sistema de Afore que les quita parte de una ya raquítica pensión mensual. Si se ejecuta de manera adecuada, esta reforma podría devolver un futuro arrebatado a las generaciones actuales y venideras.

Por otro lado, el regreso de CFE a su carácter administrativo podría poner fin a un entramado judicial complejo que condenaba a los usuarios a tortuosos procedimientos mercantiles en contra de la Comisión.

Hay mucha tela de donde cortar, y seguramente lo estaremos haciendo durante las siguientes semanas. Por principio, nos adelantamos a decir que elegir a jueces, magistrados y ministros por voto universal y directo es un atentado no sólo a la división de Poderes, sino a la excelencia técnica y a la independencia que requiere el Poder Judicial. Pero de eso hablaremos en las siguientes columnas.