El domingo pasado, de nueva cuenta, se manifestaron en la Ciudad de México y en -según datos de los organizadores- más de 120 ciudades mexicanas y de otras partes del mundo miles de personas “en defensa de la democracia”. Y no entrecomillo la frase por dudar de las intenciones de la gente que tiene el irrestricto y legítimo derecho a la manifestación, sino porque decir que se defiende la democracia tiene muchas aristas que se entrecruzan, y que no necesariamente son contrarias.

Como en la pasada convocatoria, las organizaciones de la sociedad civil ponen en la mesa el debate del deterioro democrático del país que se deriva del ataque frontal que el Poder Ejecutivo ejecuta sobre las Instituciones del Estado Mexicano. Por ejemplo, que el Presidente de la República pretenda reformar el sistema electoral de una manera que a todas luces favorece al oficialismo sí puede considerarse un ataque al Estado de Derecho y el espíritu democrático de la Constitución Federal. Es sabido que en su iniciativa del 5 de febrero de este año, Andrés Manuel presentó al Congreso el texto que, entre otras cosas, pretende desaparecer las legislaturas plurinominales (o de representación proporcional), además de reformar al Instituto Nacional Electoral para convertirlo en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

¿Las Instituciones del Estado Mexicano pueden -y deben- reformarse? Sin ninguna duda, pues como cualquier creación jurídica y política son perfectibles y pueden presentar fallas de distinta gravedad. No obstante, presentar una iniciativa que claramente favorece al oficialismo no es una manera adecuada de fortalecer dichas instituciones. Claro que es popular la idea de desaparecer plurinominales, pero no se toma en cuenta que son esas legislaturas la que dan representatividad a las minorías y que son necesarias para que un solo espectro político no monopolice el poder y las decisiones. Si bien la mayoría “gana”, los votos ciudadanos valen lo mismo; como está configurado el sistema electoral, un partido político puede tener sobrerepresentación o subrepresentación en el Congreso simplemente por no “ganar” determinados distritos.

Estas cuestiones han sido relegadas al espectro de la “clase media”. El discurso de los apoyos sociales, la pobreza, el neoliberalismo (aunque muchos “intelectuales” no puedan siquiera definirlo), la corrupción, todo eso ha sido usado como bandera para integrar a quienes históricamente han sido olvidados, y que hoy son condicionados de manera clientelar al viejo estilo del PRI del siglo pasado que tanto critica el oficialismo. Mientras tanto, cuestiones igualmente importantes y trascendentales como el Estado Democrático, la representatividad política, la transparencia y las instituciones se ven cómo temas frívolos de los que sólo deben platicar los aspiracionistas y “fifís” en los cafés de moda. La polarización como control social efectivo.

Las elecciones de este año serán definidas por los aspiracionistas y clasemedieros: la base social que materialmente sigue en la pobreza (desaparezcan los apoyos gubernamentales y veamos en números reales quiénes lograron salir de esa condición) votará, con toda lógica, por el oficialismo, pero esos números no alcanzan para la Presidencia y el Congreso, y prueba de ello fueron las elecciones de 2006, 2012 y 2018, en las que sólo por el empuje del sector hoy despreciado pudo AMLO -al fin- llegar a la jefatura del Ejecutivo Federal. ¿Se le dará otra vez el voto al proyecto de nación actual, o habrá un golpe de timón? Curiosamente el electorado relegado del discurso decidirá.