"Por encima de esa Ley está la autoridad moral y la autoridad política del Presidente”, dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la Ley de Protección de Datos Personales, al ser cuestionado por una periodista sobre la publicación de información personal y sensible (un número telefónico) perteneciente a otra persona de los medios de información que labora en el New York Times.

Es difícil recordar, por ser muchas, la cantidad de veces que AMLO ha declarado que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, queriendo ser émulo de Benito Juárez y la generación liberal del 57 con la que tiene una obsesión aunque esté muy lejos siquiera de parecérseles. Hace pocos días el Presidente de México demostró que lo que importa es el poder y el cargo, que además están por encima de cualquier ley en el país, y hasta por encima de la propia Constitución que protege la información de los ciudadanos.

¿Es válido que López Obrador publique una carta? Totalmente, pues es un documento que le dirigieron a su persona. ¿Es válido que muestre a nivel nacional información sensible de terceros? De ninguna forma, pues atenta contra su privacidad y bienestar, sin contar que se trata de la figura con más alcance mediático y la máxima representación política del país, por lo que no es equivalente a que cualquier otra persona exponga esa información.

Pero además de la revelación de información personal, lo realmente preocupante es que el Presidente de la República, aquel que juró guardar y hacer guardar la Constitución, es decir, cumplir y hacer cumplir la Norma Suprema de México, declare que su autoridad política -y moral, como si se tratase de alguna especie de profeta o inmaculado- está por encima de la norma, poniéndose en el discurso y en la práctica a un nivel superior al del resto de los ciudadanos. No es cosa menor que el primer mandatario se coloque en una posición elevada respecto a las leyes, pues sobran ejemplos en los que sin disimulo infringe resoluciones judiciales o preceptos normativos, por ejemplo, em materia electoral. Varias veces se ha reconvenido al Presidente para que no intervenga ni se pronuncie respecto a las elecciones de 2024, y una y otra vez ha hecho campaña a favor de la candidata de su partido, a la vez que denuesta a cualquier opción política que considere opositora al nuevo régimen.

A partir de ese incidente, por cierto, empezaron a publicarse los teléfonos de cercanos al Presidente a través de las “benditas redes sociales”, como el de su hijo José Ramón o el de la propia Claudia Sheinbaum. El autor de estas líneas no comparte el método de respuesta a las intransigencias (¿o autoritarismo?) del Presidente, pues sólo abonan a mellar el de por sí endeble orden constitucional que ciertos personajes se han encargado de dinamitar en casi seis años.

Con polémicas como ésta se entiende la necesidad del Gobierno Federal de desaparecer o intervenir en Órganos Constitucionales Autónomos, como el INAI, pues son los pocos contrapesos u obstáculos al absolutismo con el que pudiese ejercerse la presidencia al más puro estilo del PRI de los setentas y ochentas. Después de todo, esa parece ser la añoranza del Presidente del siglo XX que no tolera los límites al poder presidencial y a la voluntad individual.