Óscar Chan/Mérida
Ejidatarios de la comisaría meridana de Molas acudieron ayer a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en su distrito 14 para solicitar el pago de indemnización por más de 900 hectáreas de la zona sur de Mérida que pertenecen a la Reserva Ecológica Cuxtal, de un total de 10 mil 757 que fueron definidas en el decreto que publicó el Gobierno del Estado desde octubre del 2004.

Al ofrecer ayer una breve rueda de prensa en el Tribunal, José Isauro Ku Sosa, representante de los ejidatarios afectados, relató que hace más de 25 años los campesinos vendieron las tierras a unos supuestos “especuladores” por un precio de cinco mil pesos por cada hectárea, sin embargo, con el decreto oficial del 2004 nadie fue indemnizado.

Indicó que son 91 campesinos de la comisaría, quienes reclaman en total 925 hectáreas de tierra que se incluyeron en la Reserva Ecológica y por los cuales se pagaron cuatro millones 625 mil pesos.

“Nosotros empezamos a investigar después y salió a relucir en el Diario Oficial que se protege a esta zona, por eso los especuladores nunca pudieron sacar sus títulos y el terreno quedó en manos de ‘prestanombres’, pero los ejidatarios somos los verdaderos dueños”.

Los campesinos aseguraron que la ley está a su favor, pues los terrenos no se debieron vender a particulares, sino que el Ayuntamiento de Mérida (de esa administración que correspondió a Ana Rosa Payan) debió de ser el primer comprador e indemnizar o expropiar a los ejidatarios con un buen pago, considerando el patrimonio y los recursos que incluyen esas áreas.

Explicó que ayer fue la sexta ocasión en la que acudieron al Tribunal Unitario Agrario, por lo que confiaron en que los magistrados otorguen el fallo legal a su favor y se beneficien a los campesinos de al menos nueve comisarías del sur que se encuentran en la misma situación.

Alegó que en ese entonces, los supuestos “especuladores” se aprovecharon de la necesidad de los campesinos para comprarles las tierras y posteriormente vendérselas al municipio a un precio mucho más alto.

Indicó que el decreto del 2004 se ejecutó para proteger toda la reserva ecológica, por lo que los campesinos seguirán en la lucha para la defensa del “gran pulmón de Mérida”. Los afectados comentaron que sólo quieren el pago de la indemnización para cuidar con más claridad esa zona protegida.