Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El carnicero Alberto Antonio Pompeyo Gómez fue sentenciado a 30 años de prisión como responsable del asesinato de Heidy M. P. C., en el asalto a una sucursal de “Super Willy’s”, ocurrido en julio pasado en la colonia Plan de Ayala Sur.

La resolución fue emitida por la juez primero de control de Mérida, Suemy Lizama Segura, quien también condenó a Alberto Antonio al pago de la reparación del daño a las víctimas indirectas del homicidio calificado que es de más de un millón 200 mil pesos y al pago de 38 mil 351 pesos por el  delito de robo calificado.

También le negó los beneficios sustitutivos y ordenó a que se devuelva la cantidad de 14 mil 60 pesos al representante del denunciante del delito de robo calificado; cabe mencionar que esta cantidad fue la que se le ocupó al acusado en el momento de su detención.

Heidy murió a causa de una lesión en el cuello que sufrió durante el asalto que Pompeyo Gómez, apoyado por un cómplice, cometió la mañana del 6 de julio a la sucursal de “Super Willy’s” en la colonia Plan de Ayala Sur.

El ahora sentenciado esperó a que la encargada del lugar abriera el local y, de manera sorpresiva, la empujó, forcejeó y la amagó con un arma blanca, la obligó a que la lleve y abriera una caja fuerte y  le ocasionó una lesión mortal en el cuello.

En medio de su agonía, la subgerente mencionó el nombre de la ex empleada de la tienda y pareja sentimental del procesado. Esto permitió aclarar el panorama además de que las cámaras de vigilancia captaron el momento en que Alberto Antonio, originario de Tabasco y ex empleado de carnes de un supermercado, atacó a Heidy.

Aunque el sujeto fue detenido junto con su pareja, oriunda de Veracruz, ella no fue presentada ante la autoridad judicial, porque declaraciones del tabasqueño indican que ella no participó en el crimen.

La Fiscalía busca al cómplice de Pompeyo Gómez, quien se quedó afuera de la tienda para avisar si alguien llegaba mientras el tabasqueño sometía a la subgerente y se apoderaba del botín, calculado en 52 mil 411 pesos.

Una vez que quede firme la sentencia, será puesto a disposición del juez de ejecución de sanciones del Poder Judicial del Estado para su cumplimiento.