Luis Fuente/Mérida
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene cuando menos tres procesos contra igual número de ex alcaldes de Yucatán por desvío de recursos, mientras que en el rubro del fuero común no se ha procedido contra ninguno, a pesar de hay cerca de 100 denuncias por desfalcos interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como informamos, Roger Aguilar García, quien fue alcalde de Valladolid en el período 2012-2015, enfrenta un proceso penal por desvío de recursos por más de 20 millones de pesos. Cuatro obras no se construyeron en ese municipio.

El ex primer edil de Valladolid y sus abogados solicitaron el diferimiento de la audiencia de imputación en un intento de llegar a un acuerdo reparatorio con la parte acusadora.

Este es el tercer caso que el Ministerio Público Federal ha judicializado. Hay otras dos carpetas de investigación contra los ex alcaldes de Teabo y de Mayapán, con base en denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación.

En el caso de Teabo, la acusación es por un desvío de recursos por 10 mil pesos en el periodo 2012-2015. El ex munícipe ya fue vinculado por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, instancia que otorgó a la FGR tres meses para el cierre de investigación.

El otro caso es contra de la ex alcaldesa de Mayapán, quien fue acusada de peculado por 400 mil pesos.

Este asunto es llevado por el juzgado Primero de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio, quien vinculó a la acusada y dio a la FGR tres meses para el cierre de investigación.

Sin embargo, a pesar de que los dos ex alcaldes están vinculados por el delito de peculado, enfrentan sus procesos en libertad, ya que los jueces les decretaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

En el caso de que estos tres acusados sean hallados responsables del delito de peculado, podrían ser sentenciados hasta a 14 años de prisión.

Hace unos días informamos que Enrique Josué Kantún Chan, ex alcalde de Mayapán, y otro ex servidor público fueron vinculados a proceso por el delito de peculado por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos federales.

El ex munícipe se deslindó de responsabilidades y señaló que la que tiene problemas con la justicia es la ex presidenta municipal panista Gaudi Guadalupe Balam Peraza, quien gobernó de 2010-2012.

En lo que respecta al fuero común, la Auditoría Superior de Yucatán ha presentado ante la FGE 96 denuncias contra ex alcaldes de los períodos 2012-2015 y 2015-2018 por presuntos desvíos de recursos públicos.

La ASEY señala que Se trata de un monto global de 20 millones 933 mil 398.62 pesos, durante el trienio 2015-2018, por irregularidades encontradas en la cuenta pública de 2017 y el mayor daño patrimonial se registró en el Ayuntamiento de Progreso, que encabezó José Isabel Cortés Góngora, por un monto de 7 millones 929 mil 805.91 pesos.

Asimismo, la afectación a la comuna de Baca fue de dos millones 72 mil 532.86 pesos, durante la gestión de Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas y la del Ayuntamiento de Maxcanú fue de 2 millones 456 mil 812.37 pesos, durante la gestión de Rómulo Isaías Uc Martín.

Las 46 denuncias promovidas por la ASEY son contra ex alcaldes y ex funcionarios de los ayuntamientos de Motul, Cantamayec, Celestún, Chankom, Conkal, Mayapán, Tahmek, Panabá, Suma, Telchac Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Dzán, Baca, Dzitás, Yobaín, Tekax, Maxcanú, Acanceh, Bokobá, Cacalchén, Kaua, Kinchil, Kopomá, Panabá, Peto, Progreso, Sanahcat, Ticul y Tixkokob.

Hay otras 40 denuncias contra ex alcaldes, la mayoría en el período 2012-2015, interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, también por desvío de recursos que podrían tipificar el delito de peculado y daño patrimonial a los ayuntamientos.

Con base en el Artículo 263 del Código Penal del Estado, comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.