Óscar Chan/Mérida
El nuevo programa del Gobierno Federal “La Escuela es Nuestra”, cuyas reglas de operación se conocen muy poco, ha generado incertidumbre entre el sector educativo y de la construcción en Yucatán, sobre todo por la manera en la que destinarán los recursos a los planteles beneficiados para realizar trabajos de remodelación o edificación, sin previo estudio o análisis de la infraestructura.

A ello se suma que la nueva reforma educativa contempló en la Ley General de Educación la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo que se encargaba de destinar recursos a los estados para la reparación de escuelas, construcción de aulas, domos deportivos y demás instalaciones educativas.

El programa “La Escuela es Nuestra” es coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y establece la distribución de entre 250 mil y 500 mil pesos que se otorgarán a cada colegio beneficiado para su mejoramiento y remodelación, a través de la creación de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres de familia, directivos y alumnos, a partir del cuarto grado, electos por una asamblea a través de una votación.

Estos comités contarán con la participación de los llamados Servidores de la Nación y personal del programa Bienestar, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), la SEP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

En Yucatán, de acuerdo con la coordinación de programas sociales de la administración federal, se apoyará bajo este nuevo esquema a 609 planteles educativos distribuidos en 13 comisarías de Mérida y de otros 87 municipios yucatecos, con una inversión superior a los 122 millones de pesos.

Aunque la ejecución de esta iniciativa arrancó en agosto, la poca claridad que existe en las reglas de operación ha ocasionado las primeras irregularidades y discusiones en la creación de los CEAP, pues se han denunciado desacuerdos en los nombramientos de los presidentes y tesoreros.

En su momento, la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, manifestó su preocupación porque los trabajos de remodelación o reparación de las escuelas ya no contarán con la supervisión o análisis de la infraestructura a cargo de expertos.

“Sabemos que los recursos llegarán a los padres de familia; nos preocupa el tema de cómo se harán las obras y de repente, sin la asesoría técnica; hay que cuidar la integridad de los alumnos”, opinó.

“Nos preocupa mucho el tema técnico, porque entendemos que para hacer una obra de infraestructura primero se tiene que tomar en cuenta la seguridad y eso hasta ahora no sabemos quién se hará cargo de esa vigilancia”, dijo en su momento.

Las declaraciones de la funcionaria estatal coincidieron con las del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro, quien señaló que no están en contra de que los padres de familia tengan mayor participación en la fiscalización de los recursos para el mejoramiento de escuelas, sino en la forma en la que la Federación pretende destinar esos recursos sin una supervisión más rígida.

En entrevista, el dirigente empresarial reiteró que la inversión en infraestructura educativa de Yucatán debe realizarse por instituciones que tengan la capacidad técnica para ejecutarlas, sin importar el orden de gobierno al que pertenezcan. Confió que estas instituciones federales, estatales y municipales también cuenten con la participación de la sociedad de padres de familia con las reglas de operación que ellos plantean, pero con una mejor supervisión y análisis de las obras.

“Nosotros vemos bien que los comités de padres tengan mayor incidencia en la recepción y fiscalización de la obra, pero que sea con las instituciones capacitadas para realizarlas, ya que el desarrollo de un Estado y país es el reflejo de su cultura de buena participación”, anotó.

El también líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que al tener un esquema diferente en la que se realizarán las remodelaciones a las escuelas, se ponen en riesgo los “albergues temporales” que funcionaban en caso de desastres naturales.

Insistió en que los colegios deben ser lugares que deben estar respaldados por las medidas de seguridad, aspecto que el nuevo esquema federal no contempla, pues deja de un lado a los profesionales con capacitación para realizar este tipo de obras.

“Nos preocupa mucho que se deje de tomar en cuenta a la gente profesional que tiene la capacitación para realizar este tipo de obras, porque no solo se habla de la seguridad durante el mismo desarrollo de las actividades propias de las escuelas, como las clases, sino que cuando se presenta algún desastre natural los planteles son espacios que se destinan para refugios”, agregó.

Ante ello, Aguilar Baqueiro recordó que han solicitado al Gobierno Federal que “analice” si se trata de la mejor estrategia y en cambio, se redireccionen los recursos hacia cualquier institución (sin importar el orden) para un mejor cuidado de lo que conlleva realizar obras de tal importancia.

“La participación de constructoras formales encabezadas en su mayoría por ingenieros y arquitectos significaba asegurar la calidad técnica de las obras, dinamizar la economía y distribuir ingresos entre la ciudadanía por medio del impulso de cadenas productivas, la generación de empleos de calidad y el pago de impuestos”, subrayó.

Panorama de la primera etapa del programa en Yucatán

En su primera etapa, el nuevo programa del Gobierno Federal “La Escuela es Nuestra”, que ejecuta la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el esquema que establece destinar recursos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), abarcará en Yucatán:

• 609 escuelas de nivel básico
• 87 municipios del interior del Estado y 13 comisarías de Mérida
• Una inversión de más de 122 millones de pesos
• El programa arrancó desde el 30 de agosto
• Se destinarán entre 250 mil y 500 mil pesos por plantel
• Después de la primera etapa, se pretende ampliar a más escuelas el programa

¿Qué es un CEAP?

Órgano electo por la asamblea escolar de un plantel que es responsable del ejercicio de los recursos asignados al plantel, los cuales serán enviados por el Gobierno Federal a los papás.

Está integrado por:

• Presidente: madre, padre, tutor o cuidador
• Secretario: madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa
• Tesorera: madre o tutora
• Dos vocales: madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa
• Un estudiante: alumna o alumno a partir del 4° grado, sin derecho a voto y con autorización de madre, padre o tutor

¿Quiénes pueden ser facilitadores autorizados?

La función de facilitador autorizado podrá ser desempeñada por:

• Servidores de la Nación de Bienestar
• Responsables de atención de Becas Benito Juárez
• Figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)