En el reparto del dinero público para 2019, el gobierno de la Cuarta Transformación recortó el presupuesto a varias secretarías, entre ellas a la institución más confiable: la Marina y, por el contrario, se lo engrosó a la Defensa Nacional, única con tareas de seguridad que sale ganando respecto de lo que tuvo asignado este 2018.

El Presupuesto 2019 fue aprobado por la Cámara Baja, luego de algunos ajustes y rectificaciones, con sus encontronazos incluidos, y pasó al Senado, pero sigue causando polémica y malestar en muchas dependencias donde el tijeretazo fue muy drástico y han comenzado los despidos o el personal está en la incertidumbre. Hoy nadie tiene seguro el puesto, ya que el recorte aplica en los tres niveles de gobierno.

Centrémonos en las fuerzas armadas: para Sedena se pidieron 93 mil 670 millones de pesos, un aumento de 15.6% en comparación con lo que obtuvo en 2018, es decir, 81 mil 021 mdp.

El argumento de AMLO es que se debe reforzar a la milicia para después conformar la Guardia Nacional (GN). En cambio, la Semar tendrá una reducción de 5.5%, al pasar de 31 mil 305 millones de pesos a 29 mil 583 mdp, a pesar de que la Armada participa en la GN con la Policía Naval.

Para quienes lo ignoren, la seguridad social para soldados y marinos se desprende de las aportaciones que Ejército y Marina realizan en forma proporcional al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), que incluye algo primordial: atención médica, talón de Aquiles del sector salud.

Al reducir el presupuesto de la Marina, ésta aportará menos al Issfam, en detrimento de la atención para militares y sus derechohabientes, rubro en el que hay muchos pendientes, comenzando por la portabilidad, es decir, que marinos y soldados puedan ser atendidos indistintamente en un hospital de Sedena o Semar, evitando subrogaciones y/o trámites burocráticos.

Además, el plan del gobierno para federalizar el sector salud prevé que hospitales militares (y navales) atiendan a civiles en casos de emergencias, como se viene haciendo (y es lo correcto), lo que también impacta en el gasto.

El presidente defiende su proyecto y afirma que habrá ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país, sin aumentar impuestos ni crear nuevos, sin “gasolinazos”, con el combate a la corrupción y la austeridad. Por lo pronto, los rectores de UNAM e IPN aceptaron reducir sus sueldos y optimizar recursos. Falta la Corte, pero se resisten los magistrados.

Será difícil aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que nadie debe ganar más de 108 mil pesos, que fijó López Obrador, porque en la tabla de haberes de Sedena de 2018, al menos generales de brigada y de división rebasan ese monto; los primeros con 115 mil pesos y los segundos con 124 mil, ya sin impuestos, más bonos e incentivos que se asignan a los cargos y mandos.

¿Se podrá conciliar esto con la ley de referencia?