La reforma penal en Yucatán, a buen paso

Habla el presidente del TSJ sobre la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales

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Marcos Celis: Yucatán ha implementado la reforma penal a su propio ritmo y va a buen paso, con efectividad. (José Acosta/SIPSE)
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SIPSE.com
MÉRIDA, Yuc.- “Yucatán apuesta por un régimen penal que respeta al Estado de derecho y los derechos humanos”, así lo expresó el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal, en el marco de la sesión del pleno del Tribunal Superior, por la entrada en vigor, este martes, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

En Yucatán la operación del sistema de justicia penal acusatorio y oral se encuentra en una etapa decisiva y parte del reto es lograr un cambio cultural en la sociedad para que las personas tengan confianza en la autoridad y colaboren con ella, lo que implica un desafío para las instituciones de romper inercias y prácticas que desgastaron al sistema tradicional, aseguró el Magistrado.

El ordenamiento jurídico que entró en vigor este martes establece la forma en que se llevarán los procesos penales del fuero común en nuestro estado, en donde el sistema panel acusatorio y oral ya se aplica en la totalidad del territorio y para la resolución de todo tipo de casos penales, lo que se hacía al amparo de un Código Procesal Penal Estatal que quedó abrogado a partir de ahora.

Cabe mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y entrará en vigor de manera gradual en todas las entidades del país, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

De esta forma, Yucatán se encuentra al 100 por ciento en la implementación de la reforma penal, puesto que el sistema acusatorio y oral ya se aplica en todo el estado y ahora se hará bajo el Código Nacional.

Entre otras cosas, el CNPP establece más controles sobre los procedimientos abreviados, acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales, que son vías alternas que tienen la víctima y el imputado para llegar a soluciones en los procesos penales. Si bien por medio de estos procedimientos se llega al esclarecimiento de los hechos, al castigo para el culpable y a la reparación del daño a la víctima, los tiempos pueden acortarse, en comparación con lo que se llevaría un juicio oral. 

Asimismo, refuerza el papel de la víctima y garantiza su derecho a que le sea brindada la ayuda de un asesor jurídico por parte del Estado, al igual que el imputado tiene el derecho de un defensor público. Esto asegura que las partes se encuentren completamente en igualdad de circunstancias ante el juez y la investigación del Ministerio Público sea más objetiva y enfocada en esclarecer los hechos delictivos y al autor de los mismos.

Habla Celis Quintal

En su mensaje en el pleno, el magistrado Celis Quintal reconoció que la entrada en vigor de este Código requirió “de una participación comprometida, coordinada y puntual de los Poderes del Estado, a fin de hacer efectivo el mandato legal”.

“Los Poderes del Estado, cada uno en el ámbito de nuestras atribuciones constitucionales, estamos ante el cumplimento del sistema de justicia penal acusatorio y oral; y la coordinación y el trabajo que llevamos a cabo diariamente, representan nuestro compromiso, de cara a Yucatán, para continuar, en democracia, por una ruta de cambios en beneficio del Estado”, aseguró el magistrado ante las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior del Estado y las Consejeras y Consejeros de la Judicatura estatal.

Como invitados especiales asistieron a esta sesión del pleno el Consejero Jurídico, Ernesto Herrera Novelo; el Fiscal General del Estado, Ariel AldecuaKuk, y la Defensora General del Estado, Ana Gabriela Aguilar.

En Yucatán el sistema penal acusatorio es efectivo

En entrevista posterior a la sesión del pleno, el Magistrado Celis Quintal expresó que Yucatán ha implementado la reforma penal a su propio ritmo y que va a buen paso, con efectividad.

“Hemos hecho un proceso de planeación, de implementación, organización, de operación del sistema de manera correcta, sin prisas, pero con continuidad y firmeza y eso da buen resultado porque están involucradas todas las instituciones y porque cuidamos el sistema día a día”, explicó.

“No se trata de competir, se trata de hacer lo que a cada quien corresponde y que se haga bien”.

“Ahora la resolución de los casos es más rápida y de mejor calidad. Si no se logra demostrar la culpabilidad de una persona, será absuelta y si se logra demostrar su culpabilidad será condenada, habrán consecuencias penales para quien cometa un delito”, expuso.

Reconoció que la implementación del sistema acusatorio y oral ha sido compleja, ya que hay muchos rubros que atender, desde la capacitación, organización,  planeación, prevención del delito, la difusión entre muchas otras.

Es complejo el sistema penal

“Son muchas cosas involucradas para cambiar el sistema, cambiar la mentalidad de los operadores para cambiar la cultura en la sociedad”.

El magistrado Celis Quintal aseguró que en Yucatán el sistema no tiene problema.

“Si no hay elementos suficientes, no pasan el primer filtro. El sistema penal trabaja con base en las pruebas y la Fiscalía tiene la obligación de aportar las pruebas, la Defensoría de proteger los derechos con una defensa adecuada, la Policía debe investigar y hacer detenciones correctas, generar indicios para una buena investigación”, explicó.

Por todo eso es complejo el sistema penal, acusar a alguien es muy difícil, sin embargo si se hace de manera adecuada habrá una consecuencia, pero también habrán casos que no se podrán comprobar, porque hay delitos que se cometen en la oscuridad, cuando no hay huellas dactilares, testigos y cuando no se llenan todos los elementos pues no se puede acusar a alguien, sería injusto, es un proceso complejo, por eso hay personas que pueden salir libres. 

Y por otro lado hay personas que tienen pruebas en su contra, pero que tienen derecho de llevar su proceso en libertad mientras no haya una sentencia condenatoria y la sociedad tiene que entender que no se puede condenar de antemano y privar de su libertad a las personas, a menos que sea una situación de extremo peligro para la sociedad, pero no es una falla de sistema, es una virtud del sistema.

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